Juicio. Raúl Tello (i) y Jeannine Cruz (c) presentaron el pedido de juicio político contra cuatro integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El juicio a Tuarez y compania llega con ‘motivos de sobra’

Los asambleístas que plantean el enjuiciamiento presentaron varios argumentos para procesar a cuatro consejeros. El más cuestionado es Carlos Tuárez.

Busca ganar tiempo a como dé lugar. En la Asamblea Nacional se presentaron ayer en la Comisión de Fiscalización cerca de una decena de pruebas de cargo para el juicio político en contra de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los llamados fueron los tres interpelantes: la asambleísta por CREO, Jeannine Cruz; Raúl Tello, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), y el independiente Fabricio Villamar.

Este último soltó una bomba en plena sesión de la comisión: “Hace pocos minutos el señor José Carlos Tuárez ha presentado una acción de protección en Ibarra tratando de impedir que la Asamblea cumpla sus funciones, ¿la Comisión de Fiscalización va a permitir esto?”, cuestionó Villamar.

Diario EXPRESO preguntó al área de comunicación la veracidad de esta información. Hasta el cierre de esta edición consultaban a Tuárez si interpuso esta acción.

La legisladora Cruz presentó tres videos para demostrar que hay “una hoja de ruta” para desconocer la resolución de la Corte Constitucional (CC) que impide revisar la actuación del Consejo de Participación transitorio.

Este camino habría comenzado el 4 de julio cuando Tuárez invitó a tres abogados constitucionalistas para que le den una opinión sobre el alcance de la sentencia de la CC.

El 10 de junio, cuando se aprobó la conformación de una comisión especializada, se habría concretado la figura del desacato, la misma que se mantiene porque el CPCCS no ha reconsiderado la propuesta. En su lugar, usaron la figura de retirar la moción.

Villamar presentó un certificado en el que la comunidad de Santa Catalina de Siena dice que Tuárez sigue siendo fraile presbítero (sacerdote), “pese a que él dijo para inscribir su candidatura que no era representante de ningún culto religioso”.

En la lista se agregó ayer un supuesto incumplimiento de funciones para luchar contra la corrupción y falta de probidad por haber mentido a la hora de presentarse como candidato.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño, señaló que hasta ayer no había llegado una notificación de la justicia anunciando una resolución sobre el pedido de medidas cautelares. “No creo que un juez se atreva a suspender una acción política, legítima de la Asamblea. Tampoco puede interferir en otra función del Estado, por lo tanto, el juicio continúa siguiendo los tiempos establecidos”, señaló.