Las prioridades son otras. Ante el llamamiento del presidente Guillermo Lasso a juicio político, el sector productivo del país expresó su preocupación por la distracción de la clase política de los problemas que sufren diariamente los ecuatorianos.

Con 88 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió continuar con el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acerca de su presunta responsabilidad política en un presunto caso de peculado en un contrato de Flopec.

En un pronunciamiento firmado por más de 130 organizaciones y cámaras, el sector productivo rechazó “las actitudes de la clase política y manifestamos el absoluto respaldo a la institucionalidad y al orden democrático”. Asimismo, individualizó sus exigencias.

Al Ejecutivo, el sector productivo le pide que presente un plan claro y articulado de lucha contra la inseguridad. “Instamos a cumplir con el presupuesto asignado para este fin, ejecutando todas las acciones necesarias de prevención y contención de la delincuencia”.

A la Función Judicial se le exige acabar con la impunidad y que garantice la integridad de la administración de justicia. Asimismo, a la Asamblea Nacional se le reprocha que sus esfuerzos estén concentrados en el juicio político y no en los ciudadanos.

“Exhortamos a los legisladores a reconsiderar sus prioridades y trabajar diligentemente en propuestas legislativas que fortalezcan la seguridad”, añade el pronunciamiento y se indica que el juicio político genera incertidumbre en la actividad productiva del país.