Se abre una opción. Mientras en la Asamblea Nacional, en especial la mesa de Fiscalización, se agudizan los conflictos por el juicio político al presidente Guillermo Lasso, el mandatario pidió a la Corte Constitucional que haga seguimiento de su dictamen que admitió el proceso.

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El 29 de marzo de 2023, seis de los magistrados de la Corte Constitucional admitieron el juicio político a Lasso. En el dictamen de mayoría, los jueces descartaron las acusaciones del presunto delito de concusión y viabilizaron el proceso con la imputación de peculado.

Esta precisión de la Corte, en parte, es lo que motiva la petición de seguimiento hecha por el mandatario. En el oficio enviado a los magistrados, Lasso señala ciertos "comportamientos desafiantes" de varios asambleístas que, a su criterio, estarían juzgándolo por otras causas.

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"(Varios legisladores han mostrado) su interés manifiesto de ventilar un debate referido a aspectos relativos a la confianza en el gobierno, al endeudamiento externo y a otros temas que se apartan del objeto del juicio", destacó Lasso en su misiva enviada a los jueces.

Asimismo, el mandatario explicó que los "comportamientos desafiantes" de los legisladores son una amenaza para el Estado de derecho y desnaturalizarían la figura del juicio político. Por ello, según Lasso, es necesaria "una intervención vigilante de la Corte Constitucional".

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Para reforzar sus argumentos, el presidente recordó el caso de los miembros del Consejo de Participación destituidos, en enero de 2023, por incumplir la sentencia de los magistrados de llevar a cabo la medida de la designación del titular del Consejo de la Judicatura.

• FISCALIZACIÓN TAMBIÉN PIDIÓ EL SEGUIMIENTO

El 8 de abril de 2023, Fernando Villavicencio, presidente de la mesa de Fiscalización, indicó que solicitó a la Corte Constitucional que haga el seguimiento del dictamen que admitió el proceso de juicio político contra Guillermo Lasso, enfocado en la imputación de peculado.

Según el oficio de Villavicencio a los magistrados, tres asambleístas solicitantes del juicio incumplieron la decisión de la Corte de que en el proceso excluya los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos relacionados al presunto delito de concusión.