El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se defendió este 16 de mayo de la acusación de presunto peculado, durante el inicio de un juicio político de censura en la Asamblea Nacional. Este fue su discurso:

Quisiera iniciar extendiendo mi reconocimiento a los asambleístas interpelantes, así como a todos aquellos que con tanto brío se han dedicado a este infundado proceso.

Quiero reconocerles profundamente porque han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República.

Han estirado los límites de la imaginación humana. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie.

Quiero agradecerles por haber creado la mayor prueba de templanza para los demócratas de este país.

Porque mientras más absurda sea su acusación; mientras más ocurrida y pintoresca, mayor será la oportunidad de desplegar el talante democrático que este país verdaderamente necesita.

Quiero reconocer la oportunidad que me brindan para venir aquí a hacer algo que a lo largo de todo este proceso nunca se hizo. Y eso es ejercer, a través de mi presencia, la reverencia que exigen nuestras leyes e instituciones.

La verdad es que lamento mucho que, del frágil castillo de naipes que construyeron, no les quedó más que conformarse con la carta más débil: la relacionada a Flopec.

Admito que ha sido instructivo ver cómo se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 20181, cuando este gobierno ni siquiera existía.

Se les olvidó que tanto el contrato, la adenda, como el informe de contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre 2018 y 2020, tres años antes de que yo asumiera la presidencia de la república.

Ese informe de contraloría hizo trece recomendaciones sobre el contrato que, insisto, fue firmado en el gobierno anterior. ¿y qué creen? Las trece fueron adoptadas en el periodo de mi gobierno al pie de la letra.

Y a propósito, no sólo que la Contraloría jamás recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker. Fue también una distinguida interpelante quien, a través de un informe de la comisión que preside, recomendó que se le dé continuidad.

De igual manera, la Controlaría nunca estableció ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario.

Y así, muy fácilmente, la florida ficción que han montado va cediendo paso a la sobria e ineludible realidad. Así que permítanme que aquí haga una pausa para recapitular.

Hasta ahora ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno; que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato; y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal.

Todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo. Pero vayamos aún más allá.

Pues resulta que los distinguidos interpelantes tampoco se enteraron que las empresas públicas son entidades autónomas. Y que el presidente no tiene injerencia ni interviene en la firma de contratos, ni en negociaciones de ningún tipo. Que no soy yo, sino el artículo 7 de la ley orgánica de empresas públicas el que dispone que el directorio de dichas empresas sea dirigido por el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas.

Y escuchen esto porque les resultará más interesante aún: la conformación de este directorio está establecida en el Decreto 1051, del 14 de mayo de 2020. ¿esto qué quiere decir? Que aquellas famosas reglas con las que se me acusaba de haber creado una especie de poder omnímodo, apocalíptico, en emco… pues resulta que ni siquiera las puse yo.

Queda absolutamente claro que no modifiqué ningún decreto ni ninguna ley. Pero esto sí les digo: si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir, o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, no sólo espero que el sistema de justicia lo sentencie con la pena más dura, sino que su alma jamás conozca perdón de Dios.