Desde las 08:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstaló la audiencia de juicio por el presunto delito de peculado que se sigue en contra el exgerente de la empresa municipal Agua de Quito Guido Andrade, la representante de la firma Silverti y otras dos personas más. 

La Fiscalía investigó posibles anomalías en la venta de mascarillas, trajes y monogafas que adquirió esa empresa municipal durante la pandemia de COVID-19 en 2020. El lunes la Fiscalía concluyó con la presentación de su prueba testimonial y documental.

Este martes 7 de junio de 2022, las partes debían revisar hasta las 10:30 los documentos que presentó la Fiscalía y debido a que aún no terminaron el análisis, el tribunal dio hasta las 14:00 para que conluyan la revisión. A esa hora se reinstalará el juzgamiento de las cuatro personas sospechosas. 

Tras la presentación de objeciones de las partes de inmediato iniciarán los procesados con la exposición de su prueba. Los abogados Paúl Ocaña y Lorena Grillo defienden a Astrid Aguirre. Ella era la jefe de Salud e Higiene de Agua de Quito y su departamento fue el requirente de mascarillas, trajes y monogafas.

Ocaña señaló que la Fiscalía sostiene que dichos implementos tienen sobreprecio. Pero, los defensores afirman que los valores dependen de la oferta y la demanda y que la primera semana de abril del 2020 era el punto más alto de la pandemia por ello los precios llegaron a ese punto más alto.

Este es uno de los al menos cuatro casos abiertos por posibles compras irregulares efectuadas durante la pandemia por empresas municipales. Pendiente de que se retome el juicio está el caso del exalcalde de Quito Jorge Yunda, uno de los sospechosos de posible peculado en la compra e 100.000 pruebas para detectar COVID-19 en la Secretaría de Salud. Desde hace siete meses se tramita una recusación que ha tenido varios incidentes que tienen el juzgamiento en suspenso. Además se investigaron otros posibles ilícitos en otras dependencias.

Del caso de Yunda derivó uno en contra de su hijo Sebastián y otros tras un informe con el contenido de los chats intercambiados por funcionarios municipales, empresarios y otros que apuntaban a un posible delito de corrupción. El hijo del exalcalde y otros fueron llamados a juicio y aún no hay fecha para la diligencia.