La acción de protección no era la vía idónea para realizar el control de constitucionalidad de una resolución legislativa que tiene el carácter de general. Fue la resolución de la jueza de la Unidad Judicial de Quitumbe Lucila Soria tras casi dos horas de audiencia cumplida en el sur de la capital por el recurso con el cual el exasambleísta Andrés Páez argumentaba que la aprobación de las amnistías era un "acto violatorio de nuestros derechos". Se refería a la concesión de una amnistía colectiva resuelta por la Asamblea la madrugada del jueves 10 de arzo en beneficio de 268 personas.

La diligencia se instaló a las 10:30. Luego de dos horas de presentación de los argumentos de las partes procesales y los terceros interesados la jueza rechazó la acción. En la diligencia estuvieron los procuradores judiciales de Andres Páez, los abogados de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General del Estado.

Además, estuvieron presentes los Amicus Curiae presentados por Virgilio Hernández, Christian González, Leonidas Iza, de 45 asambleísta de UNES y de tres asambleístas de Pachakutik. 

Carlos Alvear, en representación de Christian González manifestó que existen dos formas de control de constitucionalidad: el concreto y el abstracto. Para el defensor, la acción de protección ejerce un control concreto, "sin embargo el espíritu de esta acción no es el de impedir o detener supuestas violaciones a derechos constitucionales emanados de resoluciones de carácter general, como es la de amnistías".

Añadió que el accionante tampoco pudo probar que se le haya vulnerado algún derecho y por esa razón la jueza rechazó la acción considerando esos dos argumentos. En su acción de protección Páez reseñaba notas de prensa en las que se recogía que la Asamblea aprobó la amnistía para 268 personas procesadas en 57 procesos judiciales. 

Destacó que la moción en el caso de las amnistías fue presentada "por el legislador Mario Ruiz de la facción radical de Pachakutik, y establecía el voto a favor de las amnistías en un solo paquete, tal como constaba en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales". 

Reseñaba que en la propuesta se mezclaron todo tipo de casos, entre ellos individuos que habían adecuado sus comportamientos y conductas a graves infracciones penales comunes tales como abuso sexual, violación, secuestro, incendio de edificaciones publicas y privadas, robo, saqueo, tráfico de tierras, minería ilegal y otros similares.