Para el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera, la Fiscalía no demostró el cometimiento del posible delito de peculado en la compra de los siete helicópteros Dhruv durante el correísmo.

Por eso este lunes 19 de junio sobreseyó a los 18 procesados a los que la Fiscalía había investigado por el presunto delito que se habría registrado en el proceso precontractual, contractual y de ejecución de la compra de las aeronaves. No dio paso al llamamiento a juicio que pedía la Fiscalía.

Cuatro de las aeronaves se accidentaron y provocaron la muerte de tres personas, mientras que tres quedaron fuera de operación.

El proceso fue cuestionado por el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, quien fue asesinado en diciembre de 2010 en circunstancias poco claras. En ese caso la Corte Constitucional ordenó que se reconstruya el tercer producto en el que, según el perito argentino Roberto Meza, se encontraban los nombres de los autores intelectuales.

Pero para el juez, quien reinstaló la audiencia preparatoria de juicio para anunciar su resolución más de 10 meses después de la suspensión de la misma, los elementos que presentó la Fiscalía en contra de cada uno de los sospechosos no fueron suficientes.

De nada sirvió la enumeración de los elementos de convicción individualizados por la Fiscalía para cada uno de los 18 investigados en los cinco días de audiencia, en los que mencionó las versiones o los informes periciales que apuntaban al cometimiento del ilícito. Para Rivera, eso no cae dentro de la esfera penal y no constituye dolo.

Entre los procesados estaban dos exministros de Defensa del correísmo: Wellington Sandoval y Javier Ponce. También fueron investigados oficiales en servicio pasivo, como Rodrigo Bohórquez.

El caso tuvo alrededor de 200 cuerpos procesales. En julio de 2022 la Fiscalía acusó a 16 sospechosos como posibles autores del delito y a dos como posibles cómplices, y pidió que sean llamados a juicio. Según ese ente, el Estado habría sido perjudicado en al menos 66 millones de dólares por la adquisición de las siete aeronaves.

El juez fue el ponente del tribunal que en su momento también anuló la sentencia en el caso Singue por posible peculado, que involucró al exvicepresidente Jorge Glas y otros sospechosos de la supuesta adjudicación irregular del campo Singue.

En el caso de los Dhruv, no hubo dolo ni perjuicio económico. El pronunciamiento del juez coincidió con el que en su momento emitió el expresidente Rafael Correa al referirse al caso: con el cobro de los seguros de las aeronaves “el Estado recuperó más del 100 % del dinero invertido en las siete aeronaves, únicamente con los seguros cobrados por los cuatro helicópteros accidentados”, quedando una diferencia favorable para el Estado. Ni bien anunció el fallo, en la sala virtual hubo festejos de los defensores.

Una de las primeras reacciones fue la de Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela. “¿Con qué autoridad moral el juez Rivera dictará una verdadera justicia en el peculado en la compra de los helicópteros Dhruv?”, se preguntó Ochoa, al recordar que en 2013 Rivera fue abogado de la Secretaría de Transparencia de Gestión, cuando todavía esta formaba parte del comité institucional que creó Correa para investigar la muerte de Gabela. “Debió disculparse y no aceptar el caso”, dijo Ochoa.

Añadió: “Con qué moral y ética les va explicar (su sentencia) a los que perdieron a sus familiares. Usted, juez Rivera, debería estar fuera de la Función Judicial”.

Coincide con esa apreciación Ramiro Román, abogado de la familia Gabela-Ochoa. Cuestiona al juez porque, desde su punto de vista, Rivera está confundido, pues el derecho penal es otra cosa muy diferente del derecho administrativo.

Tras su actuación, Román mira un tema que le podría llevar a un juicio por posible prevaricato. “No puedo compartir el criterio de una persona que inmoralmente está actuando. Él tenía que haberse excusado, hay conflicto de interés” sostiene el abogado Román.

El criterio de Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación e integrante de la comisión del caso Gabela, también es de desazón y demuestra que “la justicia sigue haciendo de las suyas”. Para la funcionaria, quien a inicios de junio recibió amenazas anónimas de muerte en el caso, hay una deuda histórica que tienen sobre todo las autoridades con el tema de la justicia. “Hay que entender que muchos jueces obedecen lamentablemente a cierto sector político”.

Cruz recordó que la realidad es que en 2009 se compraron helicópteros de los cuales se venía demostrando, con denuncias, que no tenían los justificativos técnicos y nunca se debieron adquirir.

Agregó que los accidentes de las aeronaves provocaron la muerte de militares, gente inocente. “Y de manera cobarde y miserable decían que era una falla humana, cuando todos sabíamos que había dudas sobre las especificaciones técnicas”. Para ella, la actuación del juez “fue una bofetada”.

Personalmente Cruz añadió que se queda con un sinsabor, “porque demostramos al país cómo siguen operando jueces a favor de cierto sector político”. EXPRESO consultó al juez Rivera un comentario sobre los cuestionamientos por su cercanía al correísmo. Esperamos su respuesta. 

Trayectoria

Fue asesor de César Litardo en la Asamblea

Luis Rivera llegó a la Corte Nacional de Justicia en el último concurso efectuado por el Consejo de la Judicatura. Obtuvo 80,55 sobre 100 puntos. Se graduó en la Universidad de Guayaquil como abogado. Fue juez en la provincia de Los Ríos. Tiene maestrías y otros estudios.

En diciembre de 2022, desde la página web de Acción Jurídica Popular se cuestionó a Rivera, con el argumento de que “su principal (quizá único) mérito para acceder al cargo es ser ahijado político del expresidente de la Asamblea Nacional César Litardo. Fue su asesor parlamentario”.

También, según Patricia Ochoa, el juez Rivera fue parte de la Secretaría de Transparencia de Gestión cuando todavía formaba parte del comité que creó Rafael Correa para investigar el asesinato de Jorge Gabela.