El juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera mantendrá la competencia del expediente de posible peculado que investiga la Fiscalía en contra del exvicepresidente Jorge Glas, de Carlos Bernal y de Pablo Ortiz por un caso abierto en el contexto de la reconstrucción de Manabí. 

Lo resolvió la jueza Daniella Camacho quien conoció la demanda de recusación que presentó la fiscal general Diana Salazar quien acusó al funcionario de retardo injustificado del trámite de la causa al convocar a una audiencia de formulación de cargos más de 25 días después de que llegó el pedido.

Este martes 1 de agosto, tras escuchar la prueba de la Fiscalía con la intervención de Roberto Morales y los descargos que presentó el abogado Richard Villagómez, en representación del juez recusado, la jueza Camacho dijo que no se encuentra retardo injustificado en el despacho de la causa a cargo de Rivera ni en lo formal ni en la legitimidad de la actuación. 

Por esa razón, declaró sin lugar la demanda de recusación y manifestó que se confirma su competencia en el trámite de la misma. Para sustentar la demanda la Fiscalía adjuntó las actuaciones procesales del juez Rivera que más de 25 días después de que llegó el pedido de la Fiscalía para que se fije audiencia de formulación de cargos acogió la solicitud y convocó a las partes para 15 días después, eso es para el 12 de julio. Luego y dos días antes de la fecha el juez difirió la diligencia por existir el pedido de una de las defensas. 

En cambio Richard Villagómez patrocinador de Luis Rivera argumentó que no se justificó la causal de recusación ni se ha explicado la pertinencia de la prueba. Habló de un posible anuncio desordenado de los documentos sin justificar licitud o fuente. Añadió, además que en el camino del proceso se cambió la pretensión inicial pues se pidió primero que el juez se inhiba, pero luego pide que se suspenda su competencia.

El análisis efectuado por Camacho en cambio apuntó a al origen mismo del caso. En ese sentido recordó que el 25 de julio de 2019 ingresa en la Corte un pedido de diligencia de la Fiscalía. El 26 de julio se sortea y recae en el conocimiento del exjuez Édgar Flores quien autoriza el pedido. Después de esa actuación, indicó la juez, transcurrieron 1.410 días para que la Fiscalía vuelva a pedir una nueva actuación en la justicia. Resaltó que, a pesar de que se cuestiona el presunto retardo de Rivera, pasaron más de tres años, 10 meses y siete días entre el primero y el segundo pedido de la Fiscalía en el caso. No hubo ninguna solicitud más. 

Adicionalmente precisó que de acuerdo con la Ley el despacho de un pedido se puede dar hasta en 90 días y un día más por cada foja de expediente. Por lo que el retardo solo podía operar a partir del 7 de septiembre y la posterior presentación de la demanda. 

Finalmente evidenció que mientras el caso estuvo en manos de Rivera se presentaron varios incidentes como pedidos de excusa, recusación y el de diferimiento por lo que sí hubo actividad procesal en los 27 días imputados al juez Luis Rivera. En cambio, en el caso de la Fiscalía hubo 1.410 días de inactividad en la justicia frente a los 27 días de retardo del juez.

La fiscal Salazar investiga un presunto delito de peculado que involucra al exvicepresidente Jorge Glas, al exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal y al exgerente de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz.

La Fiscalía los investiga por presuntas anomalías en la adjudicación del contrato para la vía Manta-Colisa, de 22 kilómetros de extensión por más de 68 millones de dólares. El tramo de vía fue adjudicado luego del terremoto de Manabí ocurrido en abril de 2016 y sin que se trate de una obra prioritaria.