Juez se excusa en caso de delinuencia organizada para convenios de pagos

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Juez se excusa en caso de delinuencia organizada para convenios de pagos

El juzgador reconoció que tiene amistad con un nuevo defensor de Jacobo Bucaram, uno de los acusados en el proceso, lo que generó la suspensión de la audiencia de juicio

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La primera suspensión se dio ante el pedido de la defensa de Daniel Salcedo Bonilla, quien solicitó la excusa de la jueza ponente Dora Vargas.Cortesía

Por segunda ocasión, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil suspende la audiencia de juzgamiento en contra de doce personas, acusadas por la Fiscalía del delito de delincuencia organizada para acceder a convenios de pagos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Entre los acusados está Paul Granda, expresidente del directorio del IESS; además de Daniel Salcedo, investigado en otros casos de corrupción hospitalaria, Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

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Esta vez, el juez José Dávila se excusó de continuar conociendo el caso, debido a la amistad que tendría con un abogado que se presentó como nuevo defensor de la familia Bucaram, quien, mediante un escrito solicitó que se aparte del conocimiento de la causa, según se indicó.

A eso se sumó otra demanda de recusación que presentaron en contra de las juezas Dora Vargas (ponente en el caso) e Isabel León, a quienes otro tribunal penal ya les había dado la competencia de la causa, en una anterior excusa que presentaron luego de la primera suspensión de la diligencia, en la Unidad Judicial Penal Norte 1, Albá Borja,  en el norte de Guayaquil.

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Los defensores insistieron en que el tribunal debe esperar primero la resolución del recurso de hecho que propuso el fiscal Eduardo Díaz, tras el llamamiento a juicio que se dictó en contra de doce de los 16 procesados que acusó, por el delito de delincuencia organizada.

"Es un error del tribunal quererla instalar (la audiencia) porque hay un recurso de hecho pendiente en la Corte Provincial y nosotros como defensa técnica sostenemos que se debe primero resolver ese recurso antes de instalarse la audiencia, para evitar que hayan dos tribunales en caso de que se revea la decisión tomada por el juez, por los otros cuatro que tienen sobreseimiento y que está eso impugnado (...)", manifestó César García, abogado de la procesada Karina Cadena.

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El defensor aclaró que ellos como defensores no buscan que se revise el sobresimiento, lo que quieren es que "legalmente, procesalmente las cosas se tienen que hacer como corresponda, para evitar nulidades futuras y esto podría darse (...)" de continuar con la audiencia.

El 17 de mayo de 2021, el juez Ronal Guerrero llamó a juicio a doce de 16 personas procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada, con la finalidad de acceder a convenios de pago irregulares en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil.

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Entre los llamados a juicio constan los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla; además de Jacobo Bucaram Pulley, Susana Mera, exgerente del Hospital Los Ceibos; Luis Jairala, exgerente del Hospital Guasmo Sur; Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del IESS; Federico Zenk y Jorge San Lucas.

El magistrado dictó sobreseimiento a favor de los hermanos Michel y Abdalá Bucaram Pulley, la expresentadora de televisión, Gabriela Pazmiño, y Marco Sevillano. La Fiscalía presentó la apelación de forma verbal, pero no lo hizo por escrito. Luego presentó el recurso de hecho.

Entre los principales elementos de convicción que presentó el fiscal Díaz figuran los convenios irregulares de pago que se firmaron en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, la bitácora que contenía información del edificio Torres-Colón de Guayaquil (donde se habrían reunido los procesados), versiones de los guardias de dicho edificio, el análisis económico y financiero a los convenios de pago realizado por expertos de Fiscalía y Contraloría, informes investigativos de los servidores policiales, entre otros.

Según la Fiscalía, estos ciudadanos serían parte de una estructura delictiva que habría favorecido a grupos y empresarios a través de convenios de pago ilícitos en los hospitales antes mencionados, algunos de los cuales superan el millón de dólares.