El juez nacional Luis Enríquez admitió hoy una petición de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano y vinculó a tres sospechosos con el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, por un presunto delito de concusión.

Los vinculados fueron identificados como Jonh P., Estefano I. y Mauricio N., y se sospecha que habrían participado en la extracción arbitraria de fondos en provecho propio.

El juez dictaminó asimismo que los tres se presenten cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia, informó la Fiscalía General en su oficial cuenta de Twitter.

De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos estarían relacionados con una de las tramas de corrupción del caso Odebrecht en calidad de coautores del delito que se investiga.

Las empresas Cosani, de Estefano I., y Plastiquim, de Mauricio N., son investigadas por supuestamente haber recibido dinero del gigante brasileño de la construcción.

En el caso del tercer vinculado John P., medios locales apuntan a la existencia de un vídeo y una versión en la que aparece mencionado, como prueba que está siendo analizada judicialmente.

El excontralor del Estado ecuatoriano, Carlos Pólit, figuraba hasta la fecha como único responsable procesado en este caso desde el 7 de agosto.

El juez Enríquez amplió además otros 30 días la instrucción fiscal del caso, que tenía previsto concluir el próximo 7 de noviembre, y ordenó la incautación de fondos, la inmovilización de bienes y la prohibición de enajenación de bienes.

El vicepresidente electo del país, Jorge Glas, se encuentra actualmente en prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre, como medida cautelar en relación a otro delito de asociación ilícita en la trama de sobornos que Odebrecht tenía en el país, caso en el que hay 18 personas supuestamente implicadas.

En diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.

En el caso de Ecuador, dicho informe señala que entre 2007 y 2016 la constructora sobornado por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que supuestamente le generó beneficios de alrededor de 116 millones de dólares