La tarde del sábado 14 de enero el juez Diómedes Lasso, de la Unidad de Flagrancia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre no calificó la flagrancia contra cinco privados de la libertad sospechosos del asesinato de un reo que presentó golpes ocurridos en enfrentamientos en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. La Fiscalía quería formular cargos en su contra por el presunto asesinato de un privado de la libertad que se registró en el pabellón La Forestal.

Aunque el juez calificó la legalidad de la detención de los presos involucrados en el incidente, dijo que la Fiscalía no tiene los elementos suficientes para realizar la imputación. Señaló que “no se cuenta con datos exactos para determinar los causantes de este hecho de muerte”. Además, indicó que la pericia de la escena del lugar determina que no existen vídeocámaras de videovigilancia en el sitio. 

El caso permanecerá en investigación previa al no contar con la participación individualizada de los sospechosos. El juez mencionó que los detenidos fueron entregados por otros reos cuyos nombres y apellidos no fueron determinados para que aclaren qué ocurrió. Destacó también que la investigación previa tiene por objetivo recopilar los elementos de convicción, se necesita un tiempo prudencial para determinar a los partícipes del hecho.

El deceso ocurrió cerca del mediodía del viernes cuando se produjeron enfrentamientos entre presos. El Sistema Nacional de Atención Integral (SNAI) aclaró el viernes que no hubo amotinamiento. A la audiencia la Fiscalía se presentó con varios elementos como versiones de dos guías, la pericia de la escena,  el levantamiento del cadáver y la práctica de exámenes médico-legales a otros privados de libertad que resultaron heridos.

Los sospechosos del delito están detenidos por robo, porte de armas, posesión de sustancias, asociación ilícita, entre otros ilícitos por los que recibieron, en algunos casos, penas que van desde un año hasta 40 meses.

 Algunos se sometieron al procedimiento abreviado, según reporta el sistema Satje de la Función Judicial. Un procesamiento por asesinato complicaría su situación judicial ya que, de ser imputados y luego sentenciados podrían recibir hasta 26 años de cárcel.