La Corte Constitucional (CC) informó este 6 de agosto de 2021 que inadmitió la solicitud de interpretación que le hizo la Función de Transparencia y Control Social sobre la situación que atraviesa la Contraloría General del Estado.

Específicamente, se pedía descifrar si ¿En caso de ausencia definitiva del Contralor General del Estado y Contralor General Subrogante, podría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejercer su atribución prevista en el artículo 208 «numeral 11» de la Constitución de la República del Ecuador, designando un encargado de la titularidad de la Contraloría General del Estado para terminar el período que aún se encuentra en vigencia, mientras se culmina el trámite para designar al Contralor General del Estado para el período quinquenal correspondiente?

Por unanimidad, los jueces que integran la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional, Enrique Herrería Bonnet y Alí Lozada Prado y Karla Andrade Quevedo, negaron el pedido porque consideran que no solicita la interpretación de dicho artículo, sino la creación de una norma de rango constitucional que establezca una solución a la laguna normativa en torno a la suplencia del titular de la Contraloría.

“En este sentido, la Corte no tiene competencia para ello; si accediera a la petición formulada, rebasaría su función de máximo intérprete de la Constitución y asumiría ilegítimamente la de legislador constituyente”, señala el organismo en un comunicado.

Y añade que es consciente de la delicada situación descrita al presentar la solicitud de interpretación constitucional, pero tal situación no puede legitimar, por sí misma, una actuación de la Corte Constitucional más allá de sus competencias, considerando que su rol institucional es, precisamente, garantizar el respeto del régimen jurídico propio de un Estado constitucional de derechos y justicia.

Con esta consulta, el Consejo de Participación Ciudadana y Control (CPCCS) buscaba una vía para llenar el vacío de la entidad tras la renuncia de Pablo Celi, que designó como subrogante a Valentina Zarate, que también renunció. Ahora, ese espacio es ocupado por Carlos Riofrío.

Hasta el momento, el CPCCS no se ha pronunciado sobre la inadmisión en la Corte Constitucional. Esta entidad aún esperaba, a inicios de esta semana, que el Ministerio de Economía y Finanzas le asigne un presupuesto de 390 mil dólares para iniciar el concurso de designación de contralor.