Las quejas por la actuación de jueces se repiten. Provienen de varios sectores. Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Policía y Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) han exteriorizado sus reparos.

Las observaciones van desde negativas a pedidos de prisión, liberación de sospechosos hasta concesión de habeas corpus para cambios de pabellones a detenidos. Ese último aspecto fue señalado como causa de una muerte violenta ocurrida en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi por el director del SNAI, Edmundo Moncayo.

Entre las cuatro instituciones han presentado más de medio centenar de quejas. La ministra del Interior, María Paula Romo, ha elevado al menos dos inconformidades por las actuaciones de los jueces. Entre el Ministerio de Gobierno y Policía han presentado cerca de 45 cuestionamientos.

El SNAI puso objeciones al menos a dos jueces que concedieron habeas corpus a privados de libertad para cambios de pabellones. La Fiscalía ha presentado al menos siete quejas en contra de jueces entre julio y agosto.

Hubo cuestionamientos a los jueces nacionales Édgar Flores y Luis Villacrés que concedieron el arresto domiciliario al exsecretario jurídico Alexis Mera, implicado en el caso ‘Sobornos 2012-2016’.

Fue el 4 de julio. En este caso el sábado Maldonado pidió a la fiscal que “proporcione las pruebas y evidencias recabadas dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016 para aplicar las sanciones administrativas que ameriten”. La Fiscalía respondió en un comunicado que remitió lo solicitado por la Judicatura el pasado 6 de agosto.

El viernes, la Fiscalía presentó sus reparos para las juezas Tatiana Avellán, que dejó libres a ocho detenidos por el caso Monte Sinaí, y Andrea Moreno, por liberar a un acusado de extorsión a varias personas.

La semana pasada, durante la firma del Plan Más Seguridad en Guayaquil la alcaldesa Cynthia Viteri expresó su preocupación por el caso de los ocho detenidos liberados. Los sospechosos ni bien recibieron medidas alternativas fueron a buscar a sus denunciantes menores de edad para vengarse. Ese día la respuesta de la titular del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado fue que no pueden interferir en las decisiones de los jueces. “Desafortunadamente tenemos que respetar y observar”, dijo.

Pero el sábado, Maldonado presentó cifras. Dijo que el pleno del Consejo aprobó 328 resoluciones disciplinarias para 493 servidores judiciales.

Añadió que hubo la destitución de 47 judiciales, de los cuales 19 son jueces, cinco son fiscales, tres son defensores públicos y otros 20 judiciales. Las causas: manifiesta negligencia y error inexcusable.

Lo que no se conoce es cuántas de esas responden a los pedidos de las instituciones. EXPRESO consultó a la Judicatura. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En su comunicado la Fiscalía informó que ha remitido quejas para jueces de Los Ríos, Santa Elena y Azuay. Y, entre abril y agosto de este año, envió 38 solicitudes de control disciplinario por temas internos.

Ayer el juez Reynaldo Cevallos, presidente de la Asociación Judicial del Guayas, indicó a este Diario que no es decisión total del juez ordenar la prisión preventiva de entrada.

Recalcó que la prisión preventiva es de última ratio y recordó que si no están reunidos los cuatro numerales del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, (COIP) no se puede ordenar.

Investigación

Denuncias en la Fiscalía

Pero también hay denuncias en la Fiscalía contra jueces en casos calificados como políticos.

El mayor Fidel Araujo es una de las víctimas. Él pedirá mañana celeridad a su denuncia a los tres fiscales y 12 jueces que fallaron en su contra en el caso 30S.