La Judicatura denunciara a la constructora de las sedes
El proceso por sobreprecios en los complejos de Guayaquil iniciará cuando concluyan las obras civiles. La Contraloría aún analiza las posibles glosas.
Las glosas todavía no llegan al Consejo de la Judicatura, pero las responsabilidades ya se reparten.
La primera de ellas, recogida en uno de los cuatro informes realizados por la Contraloría General del Estado y publicados en días pasados por EXPRESO, está dirigida hacia la constructora de las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayaquil. Las obras, recoge el documento, costaron $ 60 millones versus los $ 34 millones que estaban previstos y en el proceso se registraron fallas en los estudios y costosas modificaciones al diseño.
Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura, estableció que una vez concluida la edificación de las escaleras de emergencia (estructuras sin las que se entregaron las unidades) la entidad demandará a la empresa Alessmart por daños y perjuicios.
“El contratista que hizo los diseños se encuentra demandado por el Consejo. Hay un proceso judicial por incumplimiento contractual de los estudios. Una vez que terminemos de hacer los arreglos complementarios procederemos al enjuiciamiento por daños y perjuicios al contratista. Es responsable hasta por cinco años posteriores de haber entregado la obra”, manifestó.
En el caso del contrato del entonces Consejo de la Judicatura de Transición con la empresa de vigilancia Vicosa por $ 5 millones, en el que la Contraloría también detectó varias anomalías, existen dos exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. Los hallazgos fueron enviados a la Fiscalía General del Estado.
Alvear es consciente de que una vez terminados los informes definitivos y el cierre del proceso contencioso, pueden llegar nuevos indicios civiles y penales por los desfases encontrados. Pero hasta ahora, insiste, lo único emitido por la Contraloría son recomendaciones administrativas sobre los procesos contractuales.
El titular reiteró que los exámenes especiales se realizaron por pedido del actual Consejo.
¿Sospechaban que había irregularidades? El funcionario indicó que no, que el pedido era parte de las responsabilidades que debían llevar a cabo. Pero concede que, dado que las contrataciones en dicha época se encontraban bajo un régimen de emergencia, en el que “las situaciones contractuales son mucho más laxas y flexibles que las previstas para un régimen normal”, decidieron “pedir a la Contraloría que audite todos los contratos de servicios y de obra” de esos años.
Alvear asevera que respeta lo logrado por la administración anterior, pero si se fijan responsabilidades no dudarán en tomar acciones.
El jueves este Diario solicitó a la Contraloría el estado de los informes emitidos y el proceso de fijación de posibles sanciones. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
DATOS
Los informes
Entre 2007 y 2017 la Contraloría General del Estado (CGE) aprobó 24.579 informes. De estos, 2.271 contenían indicios de responsabilidad penal (el 8,6 %).
Los valores
Por concepto de sanciones civiles y órdenes de reintegro a funcionarios tras los procesos de glosa, entre 2007 y 2017, el Estado recuperó $ 925’573.693.
El detalle
El jueves se identificó a la sede de la Judicatura como reubicada por declaratoria de emergencia. La reubicación fue de las dependencias del Palacio de Justicia.
