El pleno del Consejo de la Judicatura denunció posibles irregularidades en la sentencia emitida por el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha, del pasado 30 de diciembre, a favor de los 23 jueces y conjueces que fueron destituidos por no aprobar la evaluación realizada en 2019.

Cuatro días después, la presidenta del órgano, María del Carmen Maldonado, y dos vocales más, se pronunciaron y explicaron que el fallo contradice al pronunciamiento emitido días atrás por la Corte Constitucional, porque no existe "vulneración alguna a los derechos de las y los exjueces y exconjueces que no superaron la evaluación de desempeño". La Judicatura presentará un recurso de ampliación y aclaración y una acción extraordinaria de protección a la sentencia de la Corte Provincial.

Así también, la vocal Maribel Barreno, denunció públicamente que el fallo fue firmado por una jueza que en esa fecha tenia licencia de vacaciones. Hecho que deja en duda el dictamen del tribunal.

El 21 de diciembre la Corte Constitucional emitió una sentencia que determinó la inconstitucionalidad del reglamento para la evaluación de los jueces y conjueces de la CNJ y pide que los magistrados destituidos deben ser indemnizados, pero no establece la restitución. La judicatura pidió también una aclaración a esta decisión.