Un Tribunal Penal de Pichincha dispuso este 13 de julio de 2023 el retiro del grillete electrónico al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y seis personas más investigadas por presunto peculado en la compra de pruebas para diagnosticar Covid.

De la decisión se beneficiaron además la científica Linda Guamán; la exsecretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; la administradora del contrato, Sandra Hidalgo; Jéssica Cárdenas, quien fuera encargada de compras públicas de la Secretaría; y Erik Andrade y Marco Rubio que eran parte del área jurídica de esa entidad.

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El pedido fue presentado por siete de los catorce procesados en este caso. Ellos, sin embargo, mantienen otras medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la presentación, los lunes y viernes, ante la Corte Provincial de Pichincha.

Los solicitantes alegaron que el uso continuo del grillete por casi dos años y medio les ha causado problemas de salud, pero también psicológicos por no poder llevar adelante una vida normal y hasta burlas y estigmas sociales y laborales.

La defensa de Yunda aseguró que el exalcalde ha desarrollado problemas en su tobillo, pese a lo cual puede caminar. Presentó un certificado médico para corroborar su versión, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular rechazaron y pusieron en duda la veracidad del documento.

El juez ponente, José Jiménez, señaló que la acusación particular tiene todo el derecho de iniciar las acciones que considere para probar que el certificado es falso, pero que eso no era labor de ese Tribunal por lo que debían conceder el retiro del grillete.

Los jueces también advirtieron que el incumplimiento de las medidas alternativas provocaría consecuencias y que la Fiscalía debe informar de inmediato a las instancias correspondientes para revisar cada caso.

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Jiménez también anunció que en el momento que corresponda, según la agenda del Tribunal, será llamada la audiencia de juzgamiento, a la vez que reconoció que el proceso se ha dilatado más de la cuenta en parte por los problemas en el sistema de justicia, pero también por la maniobras de los sujetos procesales y hasta un proceso electoral.

La decisión será notificada de inmdiato al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que proceda con el retiro del dispositivo de ubicación.