Las irregularidades a la justicia. El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Francisco Bravo, anunció que en los próximos días concurrirá a la Fiscalía para presentar una demanda penal en contra de quienes conformaron el Comité de la Reconstrucción. A la cabeza está el exvicepresidente de la República, Jorge Glas. El delito planteado es el de delincuencia organizada.

La denuncia se hará a nombre del organismo ciudadano que fue el encargado de la investigación del manejo del dinero que se destinó para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas.  Ambas fueron las más afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Para el consejero existen pruebas de un mal manejo de los recursos. Entre los involucrados están, además de Glas, el secretario técnico del Comité, Carlos Bernal; los alcaldes de Portoviejo, Agustín Casanova; de Pedernales, Gabriel Alcibar, entre otros.

“Esta es una situación impresentable, los que estuvieron al frente del Comité de la Reconstrucción tuvieron actitudes inhumanas, indolente al no utilizar los recursos de la reconstrucción en lo que realmente debió haber sido (…) Lo que hicieron los del Comité fue desviar los recursos de forma arbitraria, hicieron una disposición arbitraria de los recursos, tanto es así, que ya para cumplirse cuatro años del terremoto no hay reactivación, ni se cumplió con la reconstrucción”, aseveró el consejero.

Indicó que el 22 de mayo de 2017, a las 16:00, es decir, un día y medio antes de que se posesión el presidente Lenin Moreno, el Comité se reunió, presidido por Jorge Glas, y sus demás miembros, y aprobaron “de un solo plumazo” aprobar 584 proyectos que fueron distribuidos a 33 instituciones, entre ministerios y otros organismos estatales.

Francisco Bravo presentó una copia del acta de la sesión, en donde se aprueban los proyectos y por un total de 2.946’938.491,38 dólares. Esta cifra varía con la certificación que presenta la actual presidenta del Comité de la Reconstrucción, Betsy Elizabeth Molina Álvarez, que certifica que los recursos recaudados, asciende a 2.976’074,00 dólares “en sus diferentes fuentes de financiamiento”.

“El Comité de reconstrucción y la Secretaria Técnica al no ser una entidad contratante ni ejecutora, no cuenta con los contratos originales. De manera que cada entidad ejecutora en ejercicio de sus atribuciones podrá facilitar los documentos requeridos para su investigación”, señala el documento entregado por Molina.

El documento entregado por la funcionaria, al Cpccs tiene fecha 03 de enero de 2020.

“Nosotros queremos ir por la acción penal, para así evitar también que la acción de la Contraloría pase los siete años [tiempo en el que se pueden iniciar exámenes especiales] y quede todo en la impunidad”, sentenció.