Jacobo Bucaram Pulley, investigado por presunta delincuencia organizada, corre el riesgo de regresar a la cárcel. Él se benefició de un habeas corpus que le permitió dejar el encierro a cambio de arresto domiciliario y un grillete electrónico.

La defensa de Bucaram Pulley había argumentado que el recurso buscaba precautelar su salud e integridad física y psicológica. Su abogado pidió que se ordene que pueda recibir urgente atención médica y psicológica, en una casa de salud, con especialistas que garanticen su vida, y en un sitio que esté a nivel del mar.

El recurso se concedió en febrero y Bucaram Pulley fue llevado a su domicilio en Guayaquil. Pero, la apelación de la Procuraduría y del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) dio paso a que tres jueces de la Sala Civil de la Corte de Pichincha declaren la nulidad del recurso concedido por el juez Esteban Calderón.

La sala determinó que el juez actuó sin competencia para conocer la primera instancia del recurso. El funcionario fue condenado al pago de costas por no haber precautelado las garantías del debido proceso. Además, se le llamó severamente la atención.

Fue vinculado al caso que investiga al expresidente Abdalá Bucaram y tres agentes de metropolitanos de Tránsito de Quito, investigados por su posible relación con dos israelíes detenidos en Santa Elena en 2020, en el contexto de la venta irregular de insumos durante la emergencia por la COVID-19.