El irrespeto a la ley

Una de las esencias de un régimen para poder calificarlo como democrático es su respeto de la ley. Con la misma decisión que esa exigencia se hace sobre los ciudadanos, tanto que ni en razón de su ignorancia se puede excusar su incumplimiento, debe actuar quien gobierna. La ejemplaridad pública constituye uno de los mejores aportes a la siembra de una conciencia cívica respetuosa de los valores democráticos. Consta además, como atribución y deber del presidente de la República, cabe recordarlo: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia”.

Por ello, más aún cuando se establecen dudas, en foros académicos y políticos, sobre la condición democrática del actual Gobierno, pese a su origen en la voluntad mayoritaria de los ecuatorianos expresada reiteradamente en las urnas, conviene recordar que no hay democracia sin elecciones pero, solo las elecciones no son la democracia. Por ello resultaría conveniente que el Ejecutivo cuide su comportamiento en lo relativo al respeto de la ley, dejando de actuar en una dirección que favorece lo contrario.

Para únicamente sustentar lo arriba afirmado con ejemplos recientes, resulta patético que se fomente desde el poder Ejecutivo la violación de los preceptos constitucionales que obligan a “administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público...” y también a “cuidar y mantener los bienes públicos.” El aseguramiento de dichos bienes, que está dispuesto por la ley, desde la Constitución de la República y otras leyes, debe cumplirse irrestrictamente como parte de la obligación de su cuidado y mantenimiento.

De igual manera resulta altamente contrario al interés de la República el desmesurado endeudamiento que ahora pretende superar los márgenes establecidos por la ley, fundamentándose en comparaciones al absurdo, con terceros países de disímiles condiciones económicas.

Siendo alto el efecto negativo que sobre la calidad de su seguridad jurídica tiene el anotado comportamiento, pues incide directamente en el incremento del riesgo país y determina cada vez más onerosas condiciones en la adquisición de créditos cada vez más difíciles y más caros de obtener, es imprescindible superarlo respetando las leyes.