Acusación grave. El secretario general de Comunicación, Roberto Izurieta, detalló en una entrevista concedida a Teleamazonas que se investiga posibles actos de sabotajes en el sistema eléctrico del país; declarado en emergencia por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el pasado 16 de abril. 

Uno de los posibles actos de sabotaje que se investigan, en el marco de la denuncia interpuesta por el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General del Estado (FGE), es cómo y por qué se vació la represa Mazar, durante la administración de la ministra de Energía, Andrea Arrobo: "Dejaron correr el agua, se abrieron las compuertas", dijo el secretario de Comunicación.

Sin embargo, Izurieta no dio más detalles, pues aclaró que la Fiscalía está realizando las investigaciones y es de "carácter reservada", Pero, agregó, "efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados... Antes de ayer básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información".

La otra arista que se investiga, en el marco de la crisis energética que en el país se traduce en cortes de luz, es si las alertas sobre el estado de las represas o el déficit de energía "no se dieron a tiempo", dijo Izurieta. 

"Está en juego que en Ecuador, por estas acciones de sabotaje y agresiones del crimen organizado, se permita una distracción para evitar que se tome una decisión histórica para enfrentar problemas estructurales”, afirmó Izurieta este jueves 18 de abril de 2024 en el espacio televisivo. 

Izurieta aseguró que no están previstos apagones para el domingo, cuando se debe celebrar el referéndum impulsado por el Ejecutivo con once preguntas, entre las que destaca el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de declarar estados de excepción.

Asimismo, otras cuestiones relevantes de este plebiscito se refieren a permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, instituir juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y flexibilizar la contratación laboral con contratos por horas.

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