Referencial. Imagen de las protestas ocurridas en Quito.

La investigacion legislativa del paro nacional arranca este miercoles

Siete asambleístas integran el grupo que prevé entregar el informe final el sábado 23 de noviembre. El trabajo de planificación está listo.

La comisión legislativa multipartidista, constituida hace cinco días para investigar los hechos ocurridos durante el paro nacional, entre el 2 y el 13 de octubre, acelera el paso. El 29 de octubre, dio a conocer su metodología y el cronograma de su trabajo, que deberá concluir en un plazo de 30 días. El presidente Fernando Burbano, del Bloque de Acción Democrática Independiente, aspira a entregar el informe final el sábado 23 noviembre.

La Comisión sesionará dos días por semana, entre 14:00 y 20:00, a partir del miércoles 30 de octubre. En ocho jornadas, hasta el 12 de noviembre despachará todas las comparecencias, que incluirán a las autoridades del Estado sujetas a fiscalización y a los actores sociales que participaron en el paro nacional: dirigentes indígenas, sindicales, organismos de derechos humanos y, cosa que la comisión subraya, las víctimas de la violencia y sus familiares. Luego se tomará tres sesiones para debatir y dos para redactar el informe.

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Una mesa interinstitucional, de cuya conformación deberá encargarse el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, ofrecerá insumos y asesoría a la comisión multipartidista. El defensor público, el defensor del Pueblo, los representantes de la ONU y la OEA en el Ecuador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y los rectores universitarios serán invitados a integrarse a esta mesa.

La comisión multipartidista está integrada, además del asambleísta Fernando Burbano, por los oficialistas Rosa Orellana y Carlos Vera, el socialcristiano César Rohón, el del movimiento CREO Héctor Yépez, la correísta Doris Soliz y Jaime Olivo, de Pachakutik, por la Bancada de Integración Nacional (BIN).

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La gran misión que tienen que cumplir los asambleístas es la siguiente: fiscalizar las medidas adoptadas por el Gobierno durante los días de conmoción social, investigar los hechos de violencia para establecer responsabilidades y hacer un seguimiento de los diálogos.