El peligro que se siente en las calles se refleja también en las estadísticas. Ecuador retrocedió en su seguridad. Pasó de una tasa anual de 13,7 homicidios a 21 crímenes por cada 100.000 habitantes en el último año.

La lista de víctimas es enorme e incluye niños, mujeres embarazadas, bebés, ancianos y adolescentes. Este 2022, el país vivió escenas hasta ahora desconocidas como la toma de rehenes en un hospital de Manabí o el sicariato a un fiscal perpetrado por adolescentes o las balas perdidas que han terminado con la vida de inocentes testigos.

Pero ahora, lo que preocupa a los expertos no es el pasado, sino cómo salir de este bucle de violencia para 2023.

El analista Andrés de la Vega, exviceministro del Interior, dice que la clave está en mejorar las condiciones de vida de la gente, pero sobre todo en poblaciones altamente vulnerables.

Los adolescentes de barrios pobres de Esmeraldas, Guayaquil o Quito, por ejemplo, son reclutados primero en pandillas y después en organizaciones narcodelictivas. Su vida criminal comienza tras abandonar los estudios o no contar con un trabajo fijo o los servicios básicos.

“Hay que mirar la seguridad como un sistema en el que interactúan muchos actores, la policía es uno de ellos, pero también están los jueces, el sistema de rehabilitación social, las leyes, los gobiernos autónomos, líderes barriales y la familia”.

Las estadísticas no son alentadoras sobre el futuro. Ecuador tiene niveles de violencia similares a los de Colombia o México, pero sin la presencia de guerrilla y sin carteles.

Aunque para un general de la Policía, quien prefiere no ser citado, el principal problema de seguridad es el narcotráfico “que está tomando bancos, cooperativas, jueces, fiscales, policías, militares, funcionarios del Gobierno, empresarios”.

Su criterio es que al país de nada le sirve graduar y poner más policías en las calles “cuando no hay capacidad de investigación”. Ecuador no tiene instrumentos de combate al crimen organizado como una verdadera ley para arrebatar los bienes mal habidos. Tampoco cuenta con policías encubiertos ni compras controladas de drogas.

Tampoco está operativa la Unidad de Delitos Financieros de la Policía, que debería trabajar con el SRI, las superintendencias de Bancos y Compañías, la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía. Desde su creación, en 2020, esta unidad no ha desarticulado a ningún cabecilla. “Sin capacidad de investigación, el poder de las bandas que es económico seguirá fortaleciéndose”, indica el oficial retirado.

• LA CIFRA. 195 toneladas de drogas ha incautado la Policía hasta el 23 de diciembre.

• Prevención. La prevención en seguridad comienza con mejorar las condiciones sociales de poblaciones vulnerables. Fortalecer el empleo digno es uno de los retos que tiene el Gobierno para el próximo año, según De la Vega. Además, se debe trabajar con los municipios la mejora de la policía comunitaria.

• Pesquisa. La Fiscalía y los entes de Inteligencia deben dar alertas sobre sistemas criminales, sobre todo en la ruta para lavar el dinero del crimen organizado y la corrupción de funcionarios y jueces que trabajan a favor de los criminales. Él único cabecilla detenido en 2022 fue Leandro Norero. Los demás siguen libres.

• Sanción. El penalista Marco Núñez dice que el exceso de garantismo facilita que los delincuentes no paguen su condena y si son sentenciados usen leguleyadas para cumplir las condenas en libertad. “Deben existir cambios legales, pero no hay la voluntad, tampoco la hubo para crear una verdadera extinción de dominio”.