Está fuera de su radar. Las pugnas que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tienen en el Pleno son evidentes y públicas. Sin embargo, mientras la falta de acuerdos campea al interior del Consejo, iniciativas ciudadanas y gubernamentales se mueven para, mínimo, modificar sus atribuciones o, de ser posible, su eliminación total.

“La institución debe mantenerse, no tiene por qué desaparecer”, dice el consejero Hernán Ulloa y añade que “no puede ser eliminado mediante consulta popular ni vía enmienda”, sino por el mecanismo de referéndum reformatorio.

Sin embargo, Ulloa no le quita validez a las observaciones de las iniciativas. “Cuando me posesioné como consejero mencionaba que la designación de autoridades es un tema de mucha responsabilidad y madurez”, recuerda Ulloa y resalta que estas atribuciones “le resta tiempo” a otras actividades como la lucha contra la corrupción y el fomento de la participación ciudadana.

Asimismo, complementa que una salida a este conflicto sería que el CPCCS elabore los concursos y envíe una terna a la Asamblea Nacional para que el Pleno sea quien designe a las autoridades.

Alternativa que el consejero Juan Javier Dávalos no contempla. “Quieren recuperar la posibilidad de nombrar las autoridades de control para satisfacer sus intereses”, indica Dávalos y señala que la amenaza (de modificar o eliminar el Consejo) no solo es externa, sino interna. Además, expresa que en lugar que el Parlamento elija las autoridades sería, en realidad, los partidos políticos.

“Lastimosamente para poder avanzar en nuestras funciones y competencias es necesario que haya una mayoría”, añade Dávalos, pero hace hincapié en que “ojalá se pueda recomponer una nueva mayoría que busque la renovación de las autoridades y recuperar la institucionalidad”.

Tanto el consejero Ulloa como Dávalos tienen su criterio respecto a la modificación o permanencia del CPCCS. Sin embargo, según Ulloa “no hemos hablado al interior porque todas nuestras actividades están copadas con la designación de autoridades y los problemas internos”.

Estas discrepancias, según el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, solo muestra que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social “están en otro patín”. Asimismo, denuncia que, desde la nueva forma de designación de los consejeros, la institución no ha cumplido con los mandatos constitucionales.

“Se han enfocado en pugnas político-partidistas”, resalta Alarcón y recuerda que, en teoría, la institución es ciudadana. Asimismo, indica que, aunque suene popular la idea de eliminar el CPCCS, la Corte Constitucional ya dispuso que ni la modificación ni su eliminación pasa por una consulta popular. También señala que “cualquier intento de modificación o eliminación no es demagógico”.

Por otra parte, Alarcón señala que los ciudadanos deben dimensionar el problema que son las pugnas dentro del Consejo. “La pugna interna y falta de concreción, a primera vista, puede parecer algo que no afecta a los ecuatorianos, pero las autoridades (que son electas por el Consejo) sí tienen impacto” en la vida de todos. Asimismo, Alarcón destaca que el principal problema es no tener autoridades definitivas, sino “inestables que terminan siendo el caldo de cultivo para la corrupción”.

Para evitar estas discrepancias, según Alarcón, es necesario hacer cambios. “Mientras las normas vigentes persistan, vamos a seguir viendo este tipo de problemas”, señala y añade que el modelo actual solo consigue “la politización y partidización de los miembros del Consejo”. Por lo pronto, “es lo que hay”, puntualiza Alarcón.

El Consejo tiene pendiente la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, la designación del contralor, al defensor Público y del Pueblo.

MODIFICAR LAS COMPETENCIAS

El 18 de enero de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que se estudia consultar sobre las funciones del Consejo de Participación en una posible consulta popular. Por su parte, el colectivo Voces por la Democracia informó que está armando una propuesta de consulta donde, entre otros temas, se elimine la facultad de designar autoridades.