Inconsistencias. Sin base jurídica. Que el juicio se ha enfocado en la desconfianza que se tiene sobre el presidente por su dirección ‘omisiva’.

Así opinan analistas y juristas sobre el informe aprobado por el pleno de la Asamblea que busca llevar al presidente Guillermo Lasso a un enjuiciamiento político y para eso buscarán la anuencia de la Corte Constitucional.

Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, dice que hay mucha inconsistencia en las causales. Critica a los legisladores: “Cómo es posible que no puedan leer la Constitución y ver y toman el artículo que se refería a los ministros y otras autoridades en vez de examinar el artículo que se refiere al presidente, es una vergüenza”. A las inconsistencias, el jurista Byron López Castillo agrega que no tiene base jurídica alguna. Para él, lo que se busca es fomentar la desinstitucionalización del país. Recuerda que “diariamente se inventan algún pretexto con el afán de derrocar a Lasso”.

En esta oportunidad el informe que sugiere el enjuiciamiento se ampara en el segundo numeral del artículo 129 de la Constitución y selecciona dos causales: concusión y peculado.

El documento debía calificarse el viernes en una sesión virtual nocturna convocada por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. No se hizo. En su lugar fue a la Unidad Técnica Legislativa por un informe de cumplimiento de requisitos. La respuesta fue obvia: recomienda que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admita a trámite la solicitud de enjuiciamiento político y se remita a la Corte Constitucional para el dictamen previo de admisibilidad.

Aunque por las inconsistencias, Salgado cree que ese ente no dará paso a la admisibilidad. El CAL está convocado para este lunes a sesionar a las 15:00 y calificar el documento.

El jurista José de la Gasca considera que el juicio como tal se ha enfocado “en la desconfianza que se tiene sobre el presidente de la República por su dirección, digamos, omisiva, si se quiere, en cuanto a deberes propios de él como máximo representante de la administración pública”.

Manifiesta que de lo que se trata es de un control político que la Asamblea tiene dentro de sus potestades, más que establecer responsabilidad penal.

Añade que no se está acusando al presidente como tal de haber cometido delito alguno. De hecho, le parece “que se han agarrado de lo que se ha encontrado en las investigaciones del periodismo para crear un ambiente, una estructura en la que digan: ‘desconfiamos del presidente y queremos ejercer un control político sobre eso sacándolo y dejando que suba el vicepresidente’”.

Es que el informe se origina, en parte, en audios fragmentados, de origen poco claro, no periciados por expertos y que un portal digital hizo públicos.

¿Cuáles son las pruebas contra Lasso? En el informe, en el que se han deslizado hasta faltas de ortografía, se mencionan al menos 20.

Tres decretos firmados por el propio presidente de la República Guillermo Lasso, dos documentos de la Secretaría de Educación Superior y de la Superintendencia de Compañías, la bitácora de ingresos a Carondelet, transcripciones de audios de un portal digital.

Suman comunicados oficiales de la Fiscalía difundidos en Twitter y notas de prensa de Radio Pichincha, medio relacionado con la Prefectura de Pichincha, dirigida por la correísta Paola Pabón.

Se añaden documentos difundidos por un portal digital y un oficio de la fiscal Diana Salazar que certifica que Lasso no denunció a Hernán Luque y a Rubén Chérrez. Con esos insumos se busca la salida del presidente Lasso, a quien acusan de concusión y de peculado, delitos por los que la Fiscalía ni siquiera le ha atribuido cargos. 

El detalle

Comisión. Una comisión ocasional, de mayoría correísta, elaboró un informe que fue aprobado por el pleno de la Asamblea que recomienda el juicio.