Una vez más Ecuador fue evaluado y no salió bien en sus calificaciones. El Observatorio del Crimen Organizado (OECO) junto a la Fundación Panamericana Para el Desarrollo revisaron el comportamiento del país entre 2020 y 2022 en relación al lavado de activos y descubrió que solo se emitió una sentencia por año.

En esos tres años, había 64 investigaciones por tratar. De ese número, 45 casos eran nuevos, pero se dio prioridad a 19 que correspondían a causas que fueron ingresadas en años anteriores. Pero la celeridad no es una característica en el proceso.

El informe señala que las autoridades demoran siete meses cinco días para llegar a una resolución; sea cual sea la disposición que se adopte.

Seguido de ello, existe una regularidad en la captura de sospechosos: se detiene a diez personas en promedio, pero solo una obtiene sentencia condenatoria; que por lo general es una pena de prisión de cinco años. Mientras que, otras tres personas de las diez alcanzan resoluciones favorables.

Renato Rivera Rhon, coordinador del OECO, enfatiza que el país tiene un serio problema al no ser riguroso para sancionar el lavado de activos, porque como lo ha contado EXPRESO en publicaciones anteriores, la principal actividad que ejecuta este delito son grupos terroristas.

Para muestra está el cálculo de Naciones Unidas que indica que al año en Ecuador hay cerca de 1.700 millones de dólares de las actividades ilícitas. El informe del OECO resalta que en siete de cada diez casos no indicó el origen del dinero y el restante está vinculado a delitos contra la administración pública y esquemas de corrupción.

“Los que llegan a ser condenados se acogen a la retroactividad de la ley y terminan con cinco años de prisión. No solo es un problema de decomiso, de ausencia de orientación en las investigaciones. Lo que nos dice el estudio es que el sistema tiene un retraso de ocho años a la generación de una pena y eso es preocupante” porque en ese tiempo ya se han cometido más delitos de otro tipo, enfatizó Rivera Rhon.

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Este tipo de comportamiento también es observado por más organismos internacionales que dejan a Ecuador en el último puesto en el combate al blanqueo de capitales.

De acuerdo con la Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regionales en Lavado de Activos, en el período 2019-2021, la región de América del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) reportó 417 sentencias condenatorias, de las cuales al Ecuador corresponden apenas 4; esto es, el 1% de los resultados judiciales de toda la región.

Para dar con el lavado de activos en Ecuador, existen varios caminos que son abiertos por diferentes frentes como la Fiscalía General del Estado, denuncia Ciudadana, Flagrancia por controles de la Policía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

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Sobre esta última, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, compareció ante la Asamblea Nacional y enfatizó que encontraron a la entidad en precarias condiciones.

“Básicamente estaba desmantelada, no sé si intencional o no intencionalmente, pero en estos momentos de crimen organizado, investigaciones y cruces de información, es una entidad a la que se debe dar fuerza”.

• Los millones lavados

La UAFE expuso en un pedido de información que emitió 20 ROII de personas naturales y jurídicas en 2023 que han lavado $ 97.278.127,97.

Luego notificó a la Fiscalía para ejecutar los procesos correspondientes. Pero la Fiscalía dijo a EXPRESO “no era factible atender” la respuesta porque anunció en X que tramita 25 casos desde el año 2017 y se encuentran en diferentes etapas procesales.

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