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Hoy, Correa contra el tribunal

El tribunal del caso Sobornos irá a juicio por una demanda que Correa presentó. Si la Corte niega el pedido, el juzgamiento se retomará el lunes.

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El tribunal recusado está integrado por los jueces Iván Saquicela (i), Iván León (c) y Marco Rodríguez.KARINA DEFAS / EXPRESO

Folclórico, informal, burlesco, conciliador. Así ha proyectado su imagen Iván León, el ponente del juicio por posible cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 que se sigue en contra de 21 personas, entre ellas Rafael Correa.

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La forma de conducir el juicio, que ya cumplió más de 30 horas en tres días de audiencia, parece no agradar a sus compañeros de tribunal: Marco Rodríguez e Iván Saquicela.

Al menos eso se ha evidenciado en sus gestos cada vez que el juez dice frases como “cálmese” a la fiscal Diana Salazar, o “tome asientito” para referirse a los abogados.

Su naturalidad contrasta con la solemnidad, seriedad y formalidad que aplican Saquicela y Rodríguez en sus audiencias.

Testigos.
Al menos dos testigos de la Fiscalía han coincidido en que elaboraron productos para el gobierno, pero las facturas las pagaron empresas.

Un juez de Santo Domingo compañero de León dice que así actúa siempre. Recuerda que en un caso de demanda por alimentos, llegó a pedir a los esposos que se abracen y se perdonen, que alguna vez formaron pareja y que podrían reconciliarse.

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León llegó a la Corte por convocatoria del Consejo de la Judicatura. Él era juez en la Corte de Santo Domingo, en donde también fue su presidente.

En 2006, siendo fiscal de La Maná, fue retenido por tres días en la comunidad de Saraguasi. Los comuneros le reclamaban por no procesar a los cuatreros. Le sometieron a trabajos forzados y lo encerraron en un pozo. Como es nuevo en la Corte, el de Sobornos es su primer caso de connotación.

Saquicela, en cambio, ha intervenido en decenas de casos. Entre otros, sentenció a cinco años por lavado de activos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad. Al excontralor Carlos Pólit le impuso seis años por concusión en un caso derivado de Odebrecht. Conoció el expediente de Sofía Espín por concusión, aunque la Fiscalía se abstuvo de acusarla. Llamó a juicio a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña por concusión. Y es ponente en el juicio por peculado en el caso Singue que se sigue contra Jorge Glas y otros. La audiencia está pendiente.

El juez Rodríguez llegó a la Corte en 2017. Fue presidente de la Corte de Pichincha. Fue parte, junto con Saquicela, del tribunal que sentenció a Pólit y a su hijo. Integró también el tribunal que ratificó la condena de seis años por asociación ilícita en contra de Jorge Glas.

En el más reciente de sus casos, impuso un año de cárcel a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña por concusión. Y llamó a juicio al exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, prófugo en México.

Hoy, a las 10:30, los tres jueces irán a juicio. La defensa de Correa presentó en contra de todos ellos una demanda de recusación. Hay tres motivos por los que la defensa de Correa quiere apartar a los jueces. Argumenta que los designaron sin sorteo, que Rodríguez ya resolvió una causa conexa y que habría un interés para que los jueces conozcan este caso.

Es que el tribunal se integró por descarte. En la sala penal existen siete jueces. Al menos cuatro ya habían conocido en algún momento el caso y quedaron inhabilitados para ser parte del tribunal.

Para defender a los jueces estará Gina Gómez de la Torre. Ella patrocinó a Daniella Camacho en las recusaciones que presentó Correa y el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado para separarla del caso.

Gómez de la Torre trabajó en la Fiscalía, en donde fue fiscal. Ella logró que el juez Marco Rodríguez y el conjuez Wilman Terán rechacen esos recursos. Hoy se volverá a encontrar con Fausto Jarrín, defensor de Correa.

PARA SABER

Juicio. Mientras se resuelve la recusación presentada contra los jueces, el juzgamiento está suspendido. Si la demanda se acepta se sorteará otro tribunal para el caso Sobornos.

Pruebas. Antes de la notificación a los jueces, la fiscal Diana Salazar presentaba sus pruebas testimoniales en el juicio.

Procesados. Los sospechosos de ser parte de la supuesta red que captaba aportes ilegales de los contratistas del Estado son 11 exfuncionarios y 10 empresarios.

Delito. Cohecho es la acusación de la Fiscalía y la Procuraduría.