La condecoración Vicente Rocafuerte “al mérito deportivo” es el reconocimiento más alto que concede la Asamblea Nacional en su categoría y está reservada, se supone, para las glorias del deporte ecuatoriano. Gente como el medallista olímpico y campeón del ‘Giro’ de Italia Richard Carapaz la ha merecido en tiempos recientes. Que dos boxeadores con cierto éxito en el ámbito de las competiciones provinciales pero desconocidos en el resto del país, dos boxeadores como hay tantos, la recibieran en acto público de manos de un asambleísta de la República es, sin ánimo de ofender, una devaluación de la medalla y constituye el primer hecho sospechoso de esta historia. Que ambos condecorados pertenecieran a las filas de la Marina con el grado de cabos primeros; que ambos, además, por fuera de su vida militar, se dedicaran al negocio de las guardias de seguridad y que ambos formaran parte del mismo grupo de custodias, son coincidencias que llaman la atención. Que uno de ellos se desempeñara como guardia de seguridad del vicepresidente de la República, al mismo tiempo que el otro era detenido cuando cumplía el trabajo de guardaespaldas de un narco, el jefe de Los Choneros Junior Roldán, alias JR, es una inquietante casualidad que disparó todas las alarmas. Que el asambleísta que gestionó, auspició y organizó la entrega de la condecoración sin fijarse en gastos fuera nada menos que Ronny Aleaga, el correísta de la narcopiscina, es un indicio de por dónde (nunca mejor dicho) van los tiros.

El tema se ha convertido en motivo de preocupación para la seguridad del Estado. Este miércoles, el jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, y los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para tratar el caso en sesión reservada. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha abierto un expediente sobre “Halcones Protección VIP”, el grupo de guardias de seguridad (no una empresa legalmente constituida) al que pertenecen los dos marinos. Jorge Enrique León Quiñónez, el guardaespaldas del narco, ha sido puesto en disponibilidad y está detenido en espera de juicio. Fabrizzio Cordero Vergara, el guardaespaldas del vicepresidente y representante de Halcones, según el informe del Ministerio del Interior, ha sido separado del cuerpo de seguridad de la casa de gobierno. Un pedido oficial para que se les retiren las condecoraciones fue presentado este viernes al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por el multipartidista Grupo de Parlamentarios Anticorrupción (GPA), que encabeza Fernando Villavicencio. Todo ello mientras Ronny Aleaga se precipita en lo que parece ser su definitiva desgracia (ver Ronny Aleaga en el fondo del mar).

La posibilidad (aterradora) de que hubiera una estrategia del narcotráfico para infiltrarse en el grupo de protección presidencial es una de las hipótesis que manejan los organismos de seguridad del Estado. Este Diario se contactó con el cabo Fabrizzio Cordero para pedirle su versión de los hechos, pero él se excusó de hablar aduciendo razones de disciplina militar. Dijo que no puede rendir declaraciones sin autorización de sus superiores. Lo único que quiso dejar claro es que él no tuvo nada que ver con el operativo de seguridad de alias JR, en el que sí participó su compañero de Halcones, Jorge Enrique León, el pasado 15 de diciembre. Ese día, el líder de Los Choneros había sido puesto en libertad (en “prelibertad”, como reza el eufemismo de uso judicial que permite a un asesino condenado a 22 años de prisión irse a su casa antes de cumplir los 13) y una caravana de hombres armados lo esperaba a la salida de la cárcel para escoltarlo. La Policía intervino y, al cabo de un enfrentamiento, recapturó a alias JR y detuvo a 36 personas, entre ellas el marino condecorado por Aleaga.

Entre las evidencias levantadas, aparte de las armas de grueso calibre, figuran los permisos para portarlas. Preocupante cosa. Significa que por lo menos algunas de las armas que custodiaban al narcotraficante y que se emplearon para repeler a la Policía eran perfectamente legales y contaban con la autorización respectiva concedida por la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Uno de esos permisos, correspondiente a una subametralladora Cobray de 9 mm, pertenecía al “Servicio Integral Especializado Garsec Seguridad”. La foto de este carné circuló ampliamente ese 15 de diciembre junto con las demás imágenes del operativo. Ahora el Ministerio del Interior sigue la pista de otras empresas de seguridad a las que relaciona con el grupo Halcones, de Fabrizzio Cordero. Y en las Fuerzas Armadas se busca la conexión entre todos estos personajes y un tercer marino, el también cabo primero Jhonatan Javier Gómez Coime, que el 5 de diciembre fue detenido en la vía a Daule cuando transportaba 18 bloques de cocaína en un vehículo oficial. Según cifras oficiales que maneja la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hay 18 marinos, cuatro miembros del Ejército y tres de la Fuerza Aérea vinculados con el narcotráfico. La mayoría son miembros de la tropa.

Narcotraficantes, militares, empresas de seguridad… Marinos que se quitan el uniforme de la Armada y son contratados por empresas de seguridad legalmente constituidas para brindar protección armada a mafiosos y narcotraficantes. Y terminan dándose de tiros con la Policía. En un video compartido por Fabrizzio Cordero en su página de Facebook, el día de la liberación y recaptura de alias JR, una mujer que se identifica como Alejandra Ubillus, esposa del marino Jorge Enrique León, detenido en ese operativo, insiste en la inocencia de su marido: que él no tiene nada que ver con el jefe de Los Choneros, dice, que nomás es un profesional contratado para un trabajo como cualquier otro.

El cuadro se completa con la conexión política, que el correísmo se esfuerza como nadie por adjudicarse. En la cuenta de Facebook del representante del grupo Halcones y exguardaespaldas del vicepresidente hay imágenes de Ronny Aleaga, Carlos Rabascall, Andrés Arauz, incluso propaganda electoral correísta. Mejor dicho: había. Hoy, todos esos mensajes (incluso los de la entrega de la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito deportivo) han sido borrados. El cabo Fabrizzio Cordero, quien no ha sido acusado de nada ni vinculado directamente con ningún hecho ilícito, más allá de su relación con el otro marino detenido, prepara su defensa. Mientras tanto, parece que siempre que alias JR es noticia, el correísmo tiene que aparecer en algún lado. Ya en abril de 2022, el juez Pedro Moreira, que le concedió una primera y también fallida prelibertad y terminó sancionado por error inexcusable, apareció dos días después acompañando en los juzgados a Jorge Glas, Marcela Aguiñaga y, cómo no, Ronny Aleaga. Después de todo, esta es, básicamente, una historia de relaciones peligrosas.

Ronny Aleaga en el fondo del mar

Primero le retiraron la visa para entrar en los Estados Unidos. Esta semana le quitaron los guardaespaldas. Por alguna razón que el Gobierno no ha explicado, el exdirigente de los Latin Kings disponía de dos custodios policiales pagados por los contribuyentes. Recibidos por el presidente de la República en Carondelet, los miembros del Grupo Parlamentario Anticorrupción quisieron saber las razones de ese privilegio. Horas después, la custodia era levantada. Mientras tanto, el mafioso de cuarta Leonardo Cortázar, en declaraciones al medio digital La Posta, lo vinculó con el esquema de corrupción de las eléctricas. “Es operador mío”, dijo, lo cual de ser cierto lo convertiría en un mafioso de quinta. En la Asamblea, el oficialismo planea un proceso en su contra. Y sus colegas correístas parecen haberle dado la espalda. Ronny Aleaga está solo ante el abismo.