Francisco Sebastián Barreiro Abad no puede recuperar su libertad, pese a que pagó 20.000 dólares de caución. La razón: jugadas legales de la defensa de la posible víctima.

El pasado 12 de abril, un día después de que la jueza María Fernanda Castro Angos, de la Unidad de Delitos contra la Corrupción, aceptara la fianza a favor del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, la presunta víctima, Rommel Esteban Pérez Chicaiza, contrató como abogado al primo de la magistrada.

Se trata del abogado David Roberto Meza Angos, quien presentó el 15 de abril un pedido de excusa contra la jueza y adjuntó como evidencia las copias de cédula de ciudadanía de él y de su progenitora, Myriam Beatriz Angos Villareal, con los cuales justificó el parentesco por consanguinidad. Incluso, aseguró, que sus familias están enemistadas por problemas de herencias.

Una vez presentada la demanda, automáticamente la jueza María Fernanda Castro Angos perdió la competencia de la causa por posible tráfico de influencias y por lo tanto no ha podido firmar la boleta de excarcelación de Barreiro, quien sigue en la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

El pedido de Meza Angos fue conocido por el juez Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, quien el 22 de abril de 2024 rechazó la pretensión y ordenó que se devuelva la causa al despacho de la jueza.

Su decisión se basó en que el abogado no podía haber asumido la defensa de la supuesta víctima, pues el caso ya era tramitado por su prima, por lo que "David Roberto Meza Angos habr´´ia incurrido en la prohibición contemplada en el número 7 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial", ndica el fallo.

En el documento se ordena también que se informe a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha en el Ámbito Disciplinario “con el fin de que se inicien los procedimientos disciplinarios a los que hubiere lugar en contra del mentado profesional del derecho”.

Una vez devuelta la competencia, la jueza ya debería, en teoría, encontrarse habilitada para firmar la boleta de libertad de Barreiro Abad. Esto no tampoco ha pasado porque el abogado Meza Angos pidió los recursos de aclaración y ampliación.

Oswaldo Trujillo, abogado de Barreiro, calificó esta situación como “una jugada dilatoria”, pues hay que esperar que el juez Hidalgo resuelva estos pedidos antes de que el expediente sea finalmente devuelto a la titular de la causa. A su criterio la caución que le fue concedida a su cliente cumpliendo todos los requisitos legales, pero su aplicación se ha entorpecido por estas leguleyadas. "No se está actuando con lealtad procesal", agregó. 

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