No hay cifras de declaracion de patrimonios en paraisos fiscales

Cuatrocientos días después de la consulta popular del 19 de febrero del 2017; y 196 días de la promulgación de la Ley Orgánica para su aplicación de la prohibición para los servidores públicos, de tener bienes y capitales en paraísos fiscales, aún hay confusión con respecto a las declaraciones patrimoniales juradas ante notario que debían presentarse hasta el 6 de marzo pasado para cumplir con el mandato popular.

La Contraloría desconoce, hasta ahora, cuántos de los 800.000 servidores públicos presentaron las declaraciones, que reposan en los departamentos de recursos humanos de cada entidad. También prepara exámenes especiales para confirmar que los más de 500 funcionarios, que declararon bienes en paraísos fiscales y que fueron notificados, se deshicieron de ellos hasta el 6 de marzo pasado.

En el Municipio de Guayaquil, los más de 4.000 empleados presentaron la declaración de no tener bienes en paraísos fiscales que fue insertada en sus carpetas y allí continuarán hasta cuando exista algún examen de la Contraloría.

En la Prefectura del Guayas, se entendió que solo debían presentarla los servidores amparados en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; no se las pidió a quienes responden al Código del Trabajo.

El excontralor general del Estado, Marcelo Merlo, no concuerda con este criterio y asegura que toda persona empleada en instituciones públicas es un servidor público y, por tanto, todos están obligados a cumplir con la ley y presentar la declaración juramentada ante un notario de no tener bienes en paraísos fiscales.

La confusión con respecto a qué declaración debían presentar y ante quién, está dada porque la ley obliga, por un lado, a presentar una declaración de no tener bienes en paraísos fiscales a quienes ingresen al sector público; y por otro, a presentar una declaración sustitutiva, a quienes tenían bienes en paraísos fiscales y que tenían el plazo de un año para deshacerse de ellos.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, asegura conocer a algunas personas que presentaron esta declaración sustitutiva, pero desconoce cuántos. En los servidores públicos y en los departamentos de recursos humanos tampoco hay claridad con respecto al tiempo en que se hará una verificación de las declaraciones que, se estima, llegaron a unos 600.000 a nivel nacional, que traducida a dólares significa 15 millones.

Hasta ahora, la Contraloría ha reformado el reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas, otorgadas electrónicamente a través de la página web, para que la Dirección Nacional de Control Patrimonial haga el seguimiento sobre la obligación de cumplir con la ley.

El organismo de control también está preparando una reforma al instructivo sustitutivo para la ejecución del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas. El fin es informar al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero sobre declarantes que registraron bienes en paraísos fiscales.