La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó a Diario EXPRESO que desde que inició el estado de excepción y el conflicto armado interno hasta el pasado 20 de febrero se han generado 494 denuncias por las detenciones que ha realizado la Policía Nacional en sus operativos.

Pero las cifras son distintas y no están completas. La Presidencia ha indicado que hasta esa fecha, en todo el país se detuvo a 9.040 personas por incumplir la ley en la guerra interna y sus controles respectivos.

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Luego de los operativos y si existe la captura de sospechosos son entregados a las “autoridades competentes” para las diligencias respectivas. En ese orden, la Fiscalía, entidad que dirige la investigación preprocesal y procesal penal, no ha proporcionado datos sobre cuántas personas son investigadas en las 494 y por qué delitos.

Su contestación fue: “Una noticia del delito puede tener uno o más involucrados” y sugirió enviar el requerimiento de información al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para saber qué ha pasado con todos los detenidos en el conflicto armado interno.

En consecuencia este medio de comunicación remitió al SNAI un pedido para conocer cuántos de los detenidos dentro de los operativos del estado de excepción están tras las rejas con prisión preventiva y con sentencia condenatoria y hasta el cierre de esta edición no emitió contestación.

Sin embargo, la FGE enfatizó que se han cometido 24 tipos de crímenes y estos se han detectado en los controles dados en el estado de excepción. La mayoría son de terrorismo con 181 casos; le sigue el ingreso de artículos prohibidos 52 noticias del delito; y de ahí está, la tenencia y porte de armas con 32 casos.

Hay 29 investigaciones por robo, otras 27 por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. Un número similar hay por extorsión; es decir 27.

Por parte del Consejo de la Judicatura no se ha provisto de información sobre el total de los detenidos y su proceso legal, se expuso que se han dado cambios de autoridades y técnicos de las áreas de donde se administran estos tipos de datos. Aún están gestionando el requerimiento ejecutado, se reiteró en una comunicación.

El experto en seguridad y defensa pública, Diego Pérez sostiene que se debe también divulgar el número de procesados para cuantificar la eficiencia de la seguridad y determinar planificaciones futuras. Apunta que será menor por el mismo hecho de la naturaleza de un proceso legal y advierte de otras realidades.

“Así se llegara a procesar el 100 % de los casos, las cárceles tendrían que acoger al menos a 5.000 personas en un contexto en donde están saturadas”.

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