Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador expresaron este martes 26 de septiembre su preocupación por lo que consideran un incumplimiento del Estado a ciertas recomendaciones del examen de Naciones Unidas, que había aceptado hace seis meses.

En un informe de seguimiento a lo señalado durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), recordaron que en marzo pasado Ecuador aceptó 164 de las 174 recomendaciones presentadas.

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Seis meses después y "ante la evidente inestabilidad política en el Estado ecuatoriano, marcado por la actual y futura transición de autoridades, principalmente en los poderes Ejecutivo y Legislativo", las organizaciones presentaron diez propuestas para el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones.

Entre ellas, el proceso de transición de información entre autoridades, facilidad de acceso a la información y ampliación a lenguas ancestrales, así como socialización de las recomendaciones de la ONU, la difusión de avances en los compromisos y procesos de diálogo para la construcción de políticas públicas.

Además, aconsejaron estrategias directas para la atención de grupos sociales vulnerables mencionados en estas recomendaciones, el uso de un sistema informático transparente y eficaz para el seguimiento de las propuestas, entre otros.

"Las organizaciones de la sociedad civil estamos bastante preocupadas en relación a cuál ha sido el cumplimiento del Estado sobre las recomendaciones" del EPU, dijo en una rueda de prensa Mayra Tirira, representante de la organización Surkuna, para quien "existe un incumplimiento sistemático de recomendaciones por parte del Estado".

Cuestionó, entre otros, el uso progresivo de la fuerza en las manifestaciones sociales y que los defensores de los derechos humanos no cuentan con garantías para desarrollar su trabajo.

Además, consideran que las propuestas de cumplimiento han sido "bastante ineficaces" y citó como ejemplo la crisis carcelaria, que ha dejado centenares de reclusos de asesinados en los últimos dos años por enfrentamientos entre reos.

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Esta ha sido enfrentada mediante estados de excepción, "mas no con políticas de eficaces que puedan realmente salvaguardar la vida" de los presos, dijo.

Asimismo, expresó la preocupación por la situación de las mujeres, pues se ha pasado "de una estadística de que cada hace 33 horas una mujer es asesinada en el país" a que ahora ocurra cada 23 horas.

Finalmente, comentó que ven con "gran preocupación la inestabilidad política", que ha impedido una falta de fiscalización legislativa a las acciones del Estado, y el seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Ello porque, en marzo pasado, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional cuando esta se disponía a votar en un juicio de censura en su contra por supuesto peculado, que él niega.

Lasso invocó entonces la llamada "muerte cruzada", y forzó la convocatoria a elecciones extraordinarias, en el marco de las cuales se definirá en la segunda vuelta del próximo 15 de octubre, a su sucesor, hasta mayo de 2025, entre los exasambleístas Daniel Noboa y Luisa González.

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