La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALFE), reiteró su preocupación por las interrogantes sin resolver alrededor del proyecto de externalización del servicio de farmacia, anunciado por el Gobierno para las unidades médicas del Ministerio de Salud; a la vez que insistió en su propuesta de realizar una venta directa de los medicamentos que ellos producen, sin la intermediación que encarece los precios y da espacio a la corrupción.

Miguel Palacios, director ejecutivo de la ALFE; e Iván Prieto, asesor de Asuntos Públicos, dieron una rueda de prensa este martes 22 de marzo en el auditorio de Farmayala, una de las entidades que pertenecen al gremio. Allí también presentaron una propuesta propia de funcionamiento de un sistema de externalización del servicio de farmacia para la red pública, basada en el proceso que utilizan para proveer a la red privada.

El director ejecutivo expresó su preocupación por el funcionamiento del proyecto que anuncia el régimen, pues asegura que siendo actores principales del sistema, dado que son productores nacionales de medicinas, no conocen sobre cómo funcionará el sistema, ni con cuáles farmacias ni con cuáles medicamentos ni a qué precios.

Palacios señaló que en las recientes compras masivas de medicinas efectuadas por Salud y algunos hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se han producido irregularidades como la entrega de fármacos por caducar y un sobreprecio por el número de intermediarios que participan.  De allí que insistió en proponer una venta directa.

En tanto, en la parte legal, Prieto recordó que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento disponen que solo se puede comprar medicamentos catalogados que hayan firmado contrato, luego de resultar ganadores en una subasta inversa corporativa. Esto es, luego de obtener la adjudicación con productos debidamente  certificados y con una oferta de precios más bajos que el referencial establecido por la entidad convocante.

En cuanto a los tiempos, basado en su experiencia como proveedores del sector privado, estiman que se necesitaría entre 6 y 9 meses para implementar un proceso de externalización que integre todos los sistemas informáticos y bases de datos de la red pública de salud con los operadores logísticos, fabricantes y expendedores en las farmacias.

De igual modo, en cuanto a la inversión y los pagos, el gremio propone crear un fideicomiso con fondos del presupuesto del Ministerio de Salud, con el fin de asegurar el pago de los valores a cada farmacia a tiempo. "Sin el fideicomiso, el proceso que plantea el Gobierno fallaría, ya que ninguna farmacia o laboratorio despachará sin garantía de pago", advierten.

Los directivos coinciden en que el sistema de externalización es bueno y funciona en otros países y dicen confiar en la buena voluntad del Gobierno. Pero ante las dudas que persisten sobre la iniciativa del régimen, piden aclarar esas dudas y considerar su propuesta.  

En la rueda de prensa también estuvieron presentes integrantes de la Comisión Anticorrupción para escuchar la propuesta de la ALFE. Ellos aprovecharon la presencia de los medios para exigir al Gobierno que cumpla su ofrecimiento de devolverle a Guayaquil el Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, que hasta hace unos años producía vacunas. Sobre todo cuando se anuncia la posible construcción de una planta extranjera en Pichincha de estos productos biológicos.