El pedido de conformar una comisión multipartidista que evalúe y eventualmente sugiera la remoción de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) seguirá hasta que se incluya en el orden del día. Lo saben los cercanos a la presidenta y lo ratifican los que lo proponen.

La razón de la insistencia tiene explicaciones distintas, dependiendo a quién se le consulte, aunque todo apunta a un tema: manejar la administración del orden de los juicios políticos, especialmente a cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

“Eso es lo de fondo”, señala un asambleísta de la Izquierda Democrática (ID), que prefiere no ser mencionado. “Si se hacen de la presidencia que maneja el orden del día de la Asamblea y del CAL que, además de calificar los proyectos de ley, decide sobre los juicios políticos bien podrían bajarse al CPCCS antes de que designen al contralor”.

¿A quién les beneficia eso? Un dirigente indígena, cercano a Llori en la Asamblea, dice que especialmente al correísmo que quiere evitar que las entidades de control sigan investigando casos de corrupción y al Partido Social Cristiano (PSC) que aspiraría tener bajo su control al CPCCS y otras instituciones.

“Intentarán desestabilizar a cualquiera que esté en la presidencia y no les permita hacer lo que quieren que incluso podría ser tumbarse al Gobierno. Obviamente, la compañera Guadalupe ha enfrentado al correísmo y es un aspecto adicional para quererla fuera”, dijo.

El legislador socialcristiano Luis Almeida no niega que le parece lo correcto que se pueda analizar la posibilidad de adelantar el juicio político, porque a su criterio la nueva mayoría del CPCCS estaría llevando adelante procesos encaminados a beneficiar al Gobierno.

Pero dice que no es lo único. También acusa a Llori de priorizar e impulsar la agenda del Ejecutivo, en desmedro de iniciativas que no convienen al Gobierno. “Por eso es que les conviene sostenerla. Ellos (el Gobierno) son los únicos beneficiados y hacen de todo para evitar la evaluación”, señaló Almeida.

Mientras tanto, en la Asamblea se trabaja a tiempo completo en desarmar a la mayoría legislativa que pide la evaluación a sus autoridades. La pelota está en la cancha de Pachakutik.

Hasta ayer lo iban logrando, pero aún falta afianzar los votos. Esa sería la razón principal por la que Llori decidió que el pleno no sesione esta semana. La justificación oficial es que la Comisión de Desarrollo Económico debe elaborar el proyecto para segundo debate de la ley de inversiones y los legisladores rendir cuentas en sus territorios.

El desarme apunta a los disidentes de Pachakutik. De los nueve que empezaron ayer, dos fuentes distintas le dijeron a EXPRESO que quedan cinco y el resto está retomando la línea del bloque. 

Entre los que habrían ‘entrado en razón’ está Salvador Maita que ayer marcó distancia de los “rebeldes” y le dijo a este Diario que podría apoyar la conformación de la comisión evaluadora siempre y cuando esta tenga una configuración equilibrada.

Voluntades

Tal como estaban hasta ayer las cosas, la alianza Unión por la Esperanza (Unes)- Partido Social Cristiano (PSC) y rebeldes de Pachakutik estarían sumando unos 67 votos de los 70 que necesitan para impulsar la moción que permita crear la comisión que avalúe a Llori y el CAL.

Recuperación

La renuncia de César Rohon, que se alejó del PSC desde el inicio de este período legislativo, le permitió a este partido recuperar una curul en la Asamblea Nacional. Su alterna, Elina Narváez, que desde ayer asumió la titularidad, es hermana del alcalde socialcristiano de Durán, Dalton Narváez.