A medida que se acerca el día de la presentación del informe de la Comisión Ocasional conformada en la Asamblea Nacional para investigar el caso Encuentro, se intensifica el debate sobre si el presidente Guillermo Lasso debe afrontar un juicio político o no.

El documento será presentado el 22 de febrero de 2023. Se debería activar el artículo 129 de la Constitución que establece tres causales: delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada de personas.

De ahí la controversia. El abogado y analista político, Arturo Moscoso, cree que, hasta el momento, de lo que se ha visto, ninguno de los elementos obtenidos por esta instancia legislativa ha logrado establecer un nexo del presidente con la presunta trama de corrupción en las empresas públicas.

¿Será suficiente para persuadir a la comisión de mayoría correísta? “La Asamblea ha demostrado que lo jurídico poco o nada le importa. Ya han incumplido órdenes judiciales, probablemente estén pensando irse por la figura del cohecho”, dijo Moscoso, aunque EXPRESO pudo conocer que un supuesto delito contra la seguridad del Estado también se intenta ‘cocinar’.

La vicepresidenta de esa comisión, Mireya Pazmiño, disidente de Pachakutik, ha dicho que hay indicios suficientes para pensar que esto terminará con un juicio político contra el presidente y que ahora no solo hay sospechas de corrupción en las empresas estatales, sino de otros posibles delitos como el financiamiento de la campaña de 2021 con dineros ilícitos.

Sin embargo, el enjuiciamiento no está únicamente en manos de la Asamblea. “Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo”, señala la Carta Magna.

“La Corte tendrá que ver si hay los méritos y la verdad no creo que encuentre méritos en esa investigación”, aseveró Moscoso.

Otro mecanismo del que se viene hablando es el de la disolución de la Asamblea por decreto del presidente de la República, lo que se conoce como muerte cruzada. En el propio Legislativo hay asambleístas como Mario Ruiz que cree que sus colegas están 'desesperados' buscando forzar la aplicación de esta figura.

Con ella, los asambleístas quedarían cesados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería llamar a elecciones anticipadas, pero mientras se desarrolla todo este proceso, el presidente gobernaría, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, por decretos- ley “unos seis u ocho meses más, sin oposición”, según los cálculos de Ruiz.

Pero para el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, esa posibilidad se habría agotado y no puede ser tomada como “un boleto de rifa”. “Es una institución que, efectivamente está en la Constitución, y el presidente de la República ha sido muy enfático; es una herramienta que él tiene y ha tenido sobre su escritorio. Él mismo lo ha comentado, no es nada nuevo”, señaló el flamante funcionario.