El Gobierno denuncia a diez paises por biopirateria

Son diez. Ecuador denunció, ayer, a los países que, supuestamente, utilizan recursos genéticos endémicos para crear productos industrializados sin autorización. Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y Australia encabezan la lista (ver cuadro).

Luego de diez meses de estudio, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) determinó que, al menos, 128 patentes fueron solicitadas por empresas de esos países para usar recursos naturales ecuatorianos. Ninguna tiene el permiso del Gobierno.

René Ramírez, titular de esa secretaría, explicó que el daño para Ecuador por este tipo de delito –la biopiratería– es doble. Por un lado, se atenta contra la flora y fauna nacional –el país está entre los 17 lugares más megadiversos del mundo– y, por otro, se impide el desarrollo a través de la industrialización local.

¿Cuáles son los recursos de la discordia? Tomatillo, algas paradas de Galápagos, perlas negras, Pleuropetalum darwini, isquarilla, calabaza ecuatoriana y el algodón de Darwin son las plantas más biopirateadas, según el informe.

Este documento es el primero de tres que el Gobierno elabora sobre el tema. En julio se entregará otro sobre Conocimiento Tradicional. Un tercero, sin fecha de publicación, revelará que innovaciones en la ciencia se han producido gracias a recursos ecuatorianos obtenidos, también, ilegalmente.

Hernán Núñez, titular del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), dijo –en rueda de prensa, en Quito– que tras descubrir la anomalía, se iniciarán acciones legales para impedir que los productos con recursos del Ecuador se comercialicen.

El camino no es tan complejo, a criterio de Núñez. Según explicó, los reclamos de Ecuador llegarán hasta los organismos de propiedad intelectual de cada país. El Gobierno también enviará cartas para solicitar que no se utilicen las plantas. La Cancillería inició ese proceso esta semana.

Los funcionarios agregaron que India y Perú enfrentaron procesos similares y pudieron frenar la producción.

Las autoridades aprovecharon el escenario para promocionar al Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento (Ingenios), que se debate en la Asamblea. René Ramírez aseguró que esa normativa permitirá controlar de mejor manera el uso de las especies nativas.

Ramírez y Núñez aclararon que el propósito de la autodenominada revolución ciudadana no es impedir el desarrollo industrial, sino lograr que el conocimiento y la biotecnología se impulsen en el país.