Pese a las leyes y los tratados internacionales suscritos, la violencia contra las mujeres sigue en aumento. Según la Fundación Aldea, hasta el 30 de junio se han registrado 105 asesinatos por razones de género. La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, habla con EXPRESO sobre este tema.

En su posesión, el presidente Guillermo Lasso aseguró que se pondrían en marcha “todas las políticas necesarias” para garantizar los derechos de las mujeres. Tras dos meses y con las cifras de violencia machista en alza, la secretaría asegura que trabaja para cumplir la promesa.

Han pasado casi tres años desde la aprobación de la Ley para la erradicación de la violencia, pero los femicidios siguen al alza. ¿Cuáles han sido los obstáculos para su implementación?

Primero está pendiente el Registro Único de Violencia. Esto es importante porque hay que saber cómo, cuándo y dónde se está produciendo la violencia para prevenir. Otra de las dificultades que he visto es la presencia de servicios de atención distribuidos en el territorio. Por ejemplo, tenemos altos índices de violencia sexual en la Amazonía, pero la presencia del Estado es insuficiente. También hay que trabajar en la sensibilización de los operadores de justicia y servidores públicos. Queremos que los protocolos se activen de forma rápida, con empatía y sensibilidad. Ecuador es uno de los países que más instrumentos internacionales de protección de derechos ha suscrito y ratificado. Sin embargo, necesitamos pasar del papel a la acción.

¿Y cómo lo harán?

Una de las tareas que tenemos es la articulación. Por eso estamos diseñando un plan de prevención de violencia para reducir las brechas de desigualdad con cada ministerio. Por ejemplo, con Transporte estamos diseñando un proyecto para que las rutas de los buses pasen por lugares poblados y que las paradas estén iluminadas. Lo presentaremos en noviembre, por los 16 días de activismo. Pero no se va a quedar ahí, sino que serán acciones permanentes.

¿Y con la atención de casos de violencia?

Estamos trabajando en los prototipos de los Centros Violeta para el sector urbano y para el rural. Y ya estamos ejecutando proyectos como el modelo piloto de las mallas educativas en la primera infancia, para trabajar en reconocer la violencia. Que las niñas y los niños sepan que nadie les puede tocar ni agredir y cómo se activan los protocolos, ya sea dentro de la familia o en el ámbito educativo, que es donde en gran medida se comenten los delitos contra su integridad sexual. Hay que cambiar las estructuras mentales y los paradigmas sociales que siguen sosteniendo la violencia. Además, en agosto vamos a lanzar la estrategia nacional para erradicar la violencia en el ámbito sexual y educativo, dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán.

En esta sentencia se ordena a Ecuador que incluya la educación sexual en las escuelas y que se capacite a maestros sobre violencia y género. ¿Eso es parte del plan?

Sí, la capacitación y la sensibilización son una tarea que nunca se puede dejar de hacer. Ese es un tema transversal en toda nuestra gestión. Ecuador ha visto lamentables casos de abusos sexuales en el ámbito educativo. Tuvimos los casos de la Comisión Aampetra y estamos haciendo los seguimientos.

¿Habrá educación sexual?

Desde esta secretaría mal haría en hablar específicamente sobre las mallas, son temas de Educación. Lo que hacemos es transversalizar los enfoques, poner los temas en consideración. Pero claro, esto está en la sentencia y el Estado tiene que cumplir.

Tiene que articular con Educación para que esto se cumpla...

Conozco que se está trabajando bastante, pero la información más detallada la tiene la ministra María Brown.

Desde 2019 se habla de la reducción del presupuesto de la secretaría y del recorte de asignaciones para los servicios de atención a víctimas de violencia. ¿Cómo se erradica la violencia sin dinero?

Estamos poniendo la casa en orden, trabajando con expertos financieros para transparentar las cuentas y la situación de la secretaría. También cuantificando el dinero de la cooperación que se ha recibido. Pero más allá de eso, trabajamos con otros ministerios, porque la prevención y la erradicación de la violencia no es tarea exclusiva de esta secretaría. Lamentablemente tenemos un presupuesto prorrogado, pero ya trabajamos en el Plan Nacional de Desarrollo y hacemos las gestiones necesarias para que al año siguiente se nos proporcionen los recursos suficientes para trabajar en esta problemática.

¿O sea que prevé solicitar más presupuesto?

Por supuesto que sí, desde ahora estamos haciendo las gestiones. Todo el tiempo estamos reiterando nuestro compromiso y eso pasa también por los recursos económicos.

¿La erradicación de la violencia no ha sido una prioridad?

El desafío más grande es el de la institucionalidad. Ecuador atraviesa constantemente por cambios normativos e institucionales y en cada transición se dificulta dar seguimiento a los programas que se inician. Tampoco hay una política pública clara que tenga indicadores y objetivos medibles. Apenas llegué vi una cantidad muy significativa de protocolos de diferentes instituciones para la atención de la violencia. Trabajamos para unificar protocolos y que los procesos sean más rápidos y expeditos, como dice la Constitución.