Llamados de atención con diferencia de horas. Dos propuestas normativas del último tramo de gobierno del expresidente Lenín Moreno sufrieron cuestionamientos de fondo y de forma, por lo que entraron a una nueva revisión.

El primer ‘jalón de orejas’ vino desde la Corte Constitucional (CC), el jueves pasado, que declaró constitucional el contenido de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) excepto los artículos que determinan un incremento en el salario de los maestros y establece para ellos un régimen especial de jubilación, sin un estudio del financiamiento.

La normativa fue aprobada por la anterior Asamblea Nacional y promulgada en el Registro Oficial por Moreno a pocas semanas de dejar la Presidencia de la República. La sentencia constitucional llegó con una reprimenda a la anterior administración, pero también a los legisladores.

Los jueces constitucionales incluyeron en su dictamen una reprobación a la actuación de ambas funciones del Estado porque con lo resuelto se producía un incremento del gasto público sin tener en cuenta los principios de sostenibilidad fiscal.

“Actuar en ese sentido, como se ha hecho en este caso, muestra una falta de seriedad institucional por parte de los órganos colegisladores que terminan por mermar el Progreso del Sistema Educativo Nacional y por frustrar aspiraciones legítimas de los docentes”, señala el documento de la Corte.

Horas después de ese llamado de atención, el presidente Guillermo Lasso envió un oficio a la Asamblea Nacional en el que informaba que retiraba de la Comisión de Derecho a la Salud el Proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia.

¿Los motivos? El Ejecutivo señala que la propuesta presentada por Moreno, no solo contiene disposiciones contrarias a la Constitución, sino que tampoco atiende la realidad social y económica que vive el país en la actualidad.

Y añade que aprobar tal proyecto generaría una limitación a los derechos de libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio y que no contempla garantías para las personas que pudiesen verse afectadas por su aplicación.

Al abogado constitucionalista Ismael Quintana no deja de llamarle la atención las observaciones que se han hecho en los dos casos y considera que, al menos en el primero, la Corte Constitucional se ha pronunciado con claridad sobre un tema recurrente que es la viabilidad financiera de las leyes que son aprobadas.

Plazos

La Corte Constitucional (CC) le dio seis meses a la Asamblea Nacional para que obtenga los informes actuariales y de factibilidad financiera. Con esos datos, en 30 días más, el Legislativo deberá subsanar las omisiones de los anteriores asambleístas al tratar la LOEI. Luego, los textos pasarán al presidente Lasso para su decisión.

Propuesta

El presidente Guillermo Lasso anunció a la Asamblea que enviará próximamente una nueva propuesta de ley para gestionar las emergencias sanitarias. Al Gobierno anterior le tomó ocho meses presentar la propuesta, luego de que la Corte Constitucional instara al Ejecutivo a contar con una normativa.

Desacuerdo

Quintana cree que es un desacierto del Gobierno haber retirado la Ley para Gestionar las Emergencias porque cualquier cambio se lo podía hacer al interior de la Comisión de Derecho a la Salud o el propio presidente Guillermo Lasso cuando aplique el veto por su capacidad de colegislador.