Los exfuncionarios de Petroecuador de la época de Álex Bravo Panchano y Pedro Merizalde le causan, una vez más, perjuicios al Estado.

La Contraloría confirmó dos glosas por 4,7 millones de dólares que deberán ser pagadas por Petroecuador y la empresa Geincosolution.

Las sanciones civiles se establecieron por el contrato LAB 2016242 y su complementario LAB 2017106. Estos acuerdos tenían como objetivo el cambio de recubrimiento de la tubería del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).

De acuerdo al informe, las irregularidades comenzaron desde la etapa precontractual, que datan de abril de 2016. Justo unos días antes de que Álex Bravo renuncie a la Gerencia de Petroecuador por el escándalo de corrupción revelado en los Papeles de Panamá.

En esta fase, los funcionarios de Petroecuador elaboraron un “presupuesto referencial sin sustento, términos de referencia incompletos, adjudicación de oferta con inconsistencias y aprobación de materiales diferentes a los ofertados”.

Durante la presentación de ofertas, los miembros de la Comisión Técnica cotizaron un espesor diferente al propuesto por Geincosolution. Esta empresa dijo que usaría cintas de recubrimiento aluminio de alta resistencia de la marca Polyken 980-20 y 955-20 y de 25 mils (milésimas de pulgada). Sin embargo, en la ficha técnica de la fábrica, que consta en la página web, se indica que tal espesor no existe, el más cercano es de 20 milésimas de pulgada.

Ya en la fase de ejecución, durante la administración de Merizalde, la Contraloría halló más inconsistencias. La principal señala que Geincosolution cobró a Petroecuador un 290 % más por los insumos utilizados para el cambio de recubrimiento de la tubería.

En la auditoría se identificó una diferencia no justificada entre los precios que constan en la declaración aduanera de importación de cintas de recubrimiento y pegamento adhesivo, versus los costos de los suministros que la contratista ofertó.

La Contraloría detalla que Geincosolution importó este material en 1,5 millones de dólares, pero ofertó a Petroecuador 6,1 millones de dólares.

“Los miembros de la Comisión Técnica no consideraron que el espesor de las cintas ofertadas era menor al requerido en las especificaciones técnicas, aceptaron y acordaron sin justificación técnica que el oferente proponga en la fase de ejecución varias opciones de materiales, cuando ya se había ofertado una cinta y pegamento de una marca específica”.

Esto ocasionó un perjuicio al Estado por 4’606.492 dólares. EXPRESO contactó por correo a Geincosolution en busca de una respuesta, sin embargo, no respondió hasta el cierre de esta edición.

El segundo contrato fue firmado el 14 de marzo de 2017, por la entonces subgerente de Logística y Abastecimiento, Katy Álvarez Vinueza. Tras la firma, renunció al cargo días después, el 23 de marzo.

La Contraloría señala que otros funcionarios como el subgerente de Oleoducto, gerente de Transporte, administrador del contrato y fiscalizador fueron negligentes. Pagaron sin justificación 147.893 dólares por limpieza de tubería y cama de arena, sin verificar las cantidades efectivamente ejecutadas.

Accidente ambiental

El 18 de mayo de 2018, un operador de Geinco sufrió un accidente con una retroexcavadora en Quinindé, en Esmeraldas. El evento fue catalogado como una “falla humana”. 125.417 galones de diésel fueron derramados y afectaron los cuerpos de agua en las riberas de los ríos Caple, Cube, Viche y Esmeraldas. Además, hubo afectaciones a la flora a nivel herbáceo, vegetación secundaria que se encontraba alrededor del punto cero, incluyendo una sección de monocultivo de palma de la hacienda La Libertad, abandonada, según la “matriz” de derrames de Petroecuador.

Las actividades de contingencia tuvieron un costo para la empresa pública de 577.883 dólares. La Contraloría indica que hasta la fecha de la finalización del examen especial, este valor no ha sido pagado por Geinco. Tampoco se han cancelado los valores por compensación social aplicada a las comunidades de la zona, afectadas por el derrame.