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Gabela: el perito ya puede entregar el tercer informe
8 años del asesinato de Jorge Gabela se cumplirán el próximo mes de diciembre.

El misterio que rodea el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela parece acercarse a su fin.
Las interrogantes sobre el contenido del tercer producto o informe final con los nombres de los responsables del crimen ya podrán ser despejadas por el perito Roberto Meza Niella.
Lo autorizó ayer el presidente Lenín Moreno. El mandatario dispuso al Ministerio de Justicia “que levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Meza, como aporte a la investigación del asesinato del general Gabela”.
De inmediato la ministra Rosana Alvarado envió un oficio al experto argentino. Le dijo que el Gobierno de Moreno está resuelto a transparentar los hechos y las circunstancias del deceso.
El experto fue contratado en 2013 para identificar e investigar las circunstancias que rodearon el crimen ocurrido en diciembre de 2010. Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ha insistido que las denuncias de irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv que se hizo en el gobierno de Rafael Correa fue una de las causas.
Desde el oficialismo se adjudicó el crimen a la delincuencia común. Las conclusiones de la investigación fueron distintas y, según el perito, alteradas del informe final que desapareció del archivo de la Presidencia.
La Fiscalía abrió una investigación previa para determinar qué ocurrió con el documento. El propio perito fue uno de los que dio versión. Argumentó que una cláusula de confidencialidad le impedía detallar el contenido. Además dijo que no guardó copia del documento.
Con la disposición presidencial la ministra pidió al experto que todos los insumos, documentos, productos e informes recabados y elaborados dentro del contrato “deberán ser puestos de manera íntegra e inmediata a disposición de las autoridades judiciales o estatales competentes”. No podrá alegarse el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad para no proporcionar la información.
El asambleísta César Litardo, titular de la comisión que investiga la muerte de Gabela cree que si no hay copia del informe el perito podría hacer la reconstrucción del mismo.
Los jueces del 30S bajo la lupa de la Judicatura
Otro caso desempolvado será el de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Familiares y abogados de las víctimas judiciales de la revuelta policial volvieron sus ojos al Consejo de la Judicatura transitorio.
Una veintena de personas se reunió ayer con tres vocales del organismo. Llevaron un informe en el que la Contraloría establece indicios de responsabilidad penal por la utilización de recursos para la manipulación y edición de vídeos de la protesta uniformada de 2010.
Consideran que eso sirvió de base para obtener condenas para quienes aparecían en la protesta por la derogatoria de la Ley de Servicio Público que se tramitaba en la Asamblea.
Pidieron investigar a más de 250 jueces y fiscales que tuvieron en sus manos los expedientes por los que se obtuvieron condenas de hasta 12 años.
La Judicatura formó una mesa para casos de persecución política del anterior gobierno que tratará el caso del 30S, entre otros.