El artículo 158 de la Constitución de la República señala que las funciones de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) son la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Sin embargo, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado ecuatoriano y responsabilidad de la Policía Nacional.

“En el momento que el Estado ya no puede mantener la seguridad de los ecuatorianos, entonces el Gobierno tiene que recurrir a otro elemento para fortalecer la presencia de la seguridad, en este caso la Policía Nacional. Y el atajo para que intervengan las FF. AA. es establecer a cada rato un estado de excepción”, expone Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército.

Es por esta razón que la pregunta 1 del referendo que plantea el presidente Guillermo Lasso señala lo siguiente:    ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución?

Pero justamente ahí también surgen cuestionamientos sobre la necesidad de mantener la organización de las Fuerzas Armadas, especialmente porque Ecuador no es un país que está en conflicto bélico o guerra con otra nación por algún problema.

Pazmiño señala también que el desbordamiento del narcotráfico en el país es un problema transnacional que afecta constantemente la soberanía de la nación. Y que el planteamiento puede prevenir de personas “que no tienen la menor idea de seguridad nacional. ¿A quién le conviene desarmar al país? ¿No es al crimen organizado y a los políticos corruptos, para mantenerlo sometido a punta del miedo?”.

Mientras que Diego Pérez, experto en inteligencia y seguridad gubernamental, califica como un “absurdo” la teoría de la eliminación de la institución y sostiene que no se puede dar paso a una posición tan radical, “peor aún en una situación coyuntural como la que vivimos”.

Pérez recuerda que las Fuerzas Armadas, a pesar de tener sus competencias establecidas en la ley, tienen una serie de misiones que hasta cierto punto no hacen mayor contribución a la seguridad nacional.

“Hasta hace unos años, custodiaban a los jóvenes y adolescentes que tenían que rendir la prueba del Senescyt, bajo el argumento de que garantizan los derechos de los ciudadanos, y bajo ese argumento se los ha vinculado a acciones tan diversas y que las cumplen a pesar de las dificultades de su equipamiento, dificultades en personal e incluso en funcionalidad, porque de igual forma cumplen con roles que se los han asignado de forma tradicional y son adicionales a los que establece la ley”.

Pérez también recuerda que los problemas de seguridad no son exclusivamente de la Policía y las Fuerzas Armadas, porque este sector es parte de un todo, junto a las demás funciones y sistemas del Estado.

Por su parte, Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, defiende que la institución ha brindado el soporte correspondiente al país en distintos momentos de la historia, sin la necesidad de ir a un referendo y con las leyes que los regulan.

“Las Fuerzas Armadas sí pueden intervenir porque estamos ante grupos armados internacionales, el crimen transnacional y el narcotráfico, que están afectando la soberanía interna del país, no es solo la externa. El Estado tiene que hacer uso de sus herramientas y competencias según lo amerite. Si se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas, hay que aplicarlo, por supuesto”.

Pero González puntualiza que es necesaria una actualización en la formación y el entrenamiento y, por ende, en la entrega de insumos para su efectivo funcionamiento.

“Se necesita de una nueva doctrina, nueva organización, equipamiento y hasta entrenamiento”, porque la realidad actual es muy distinta a los años anteriores, especialmente si se miden fuerzas con los grupos de delincuencia organizada. Y sostiene que hasta los escenarios para actuar son distintos.

Según la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, se tiene planificado entregar, según la proforma presupuestaria del año 2023, $ 1.535 millones para el Ministerio de Defensa, entidad a cargo de las FF. AA.

Esto como parte de la apuesta por la lucha contra la inseguridad junto a varias instituciones, incluidos el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que sumará $ 3.570 millones; lo que significaría un 2,6 % más que lo previsto para 2022, en caso de que se concrete la entrega.

El Ministerio de Defensa tiene presupuestado en 2022 un total de $ 1.501 millones y recibió $ 1.442 en 2021.

Diario EXPRESO intentó obtener una entrevista con el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, para conocer sobre el presupuesto de la institución y el planteamiento de la eliminación de las Fuerzas Armadas, o su respectiva reorganización; pero su equipo de comunicación señaló que tenían complicaciones con los horarios de su agenda, pues participó de operativos y visitas en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Además estuvo acompañando al presidente Lasso en la presentación    de programas sociales, como entregas de créditos del Banco del Ecuador.

Pazmiño y González concluyen diciendo que lo que realmente se debe hacer es fortalecer la institución, no solo con recursos sino con capacitación, para mejorar las condiciones de seguridad. Primero porque tienen mayor capacidad operativa que la Policía Nacional: hay 167.910 efectivos activos y 185.000 en reservas. La Policía recién espera alcanzar los 80.000 uniformados para el 2025. En la actualidad supera los 50.000.

“Los entrenamientos son permanentes, a diferencia de la Policía Nacional, donde son muy esporádicos, y adicionalmente no tiene los recursos que le corresponden en medio de las patrullas. El problema no es el armamento, es que el enemigo sobrepasa al número de la Policía y con nosotros podremos hacerlo (enfrentarlos)”, analiza Pazmiño.

• Misiones según sus ramas

Fuerza Aérea

La defensa de la soberanía e integridad territorial; y, apoyar con su contingente al desarrollo nacional y la seguridad del Estado. Con capacidad militar aeroespacial.

Fuerza Naval

Desarrollar capacidades marítimas y proveer la seguridad en los espacios acuáticos que contribuyan al cuidado de la soberanía y la integridad territorial.

Fuerza Terrestre

Establecer el poder militar terrestre que garantice la defensa, contribuir con la seguridad y desarrollo de la nación, a fin de alcanzar los objetivos derivados de la planificación estratégica militar.