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Diario Expreso Ecuador

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Frontera norte y narcotrafico

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Comenzamos señalando el importante papel del país, en el pasado y el presente, en la narcoeconomía regional, antes controlada por los cárteles colombianos y ahora por las alianzas globales pero con iniciativa empresarial de los mexicanos, por los siguientes factores: la porosidad y escaso control de la frontera, su localización geográfica y extenso perfil costero, cercanía a las áreas productoras de la materia prima y fácil abastecimiento de precursores químicos, lavandería de dineros sucios después facilitada por la dolarización; y la existencia de bandas criminales locales para apoyar en la logística del narconegocio.

Los acuerdos y suscripción de la paz entre el Gobierno de Santos y las FARC-EP obviamente han alterado la geopolítica en la frontera compartida, como el funcionamiento del negocio de la cocaína en los departamentos de Nariño y Caquetá. Según la prensa colombiana, en estos departamentos se concentran las más grandes extensiones de hoja de coca y la mayor presencia de narcotraficantes -encabezados por los cárteles mexicanos-, bandas criminales -bacrim- y grupos residuales asimilados de la desaparecida guerrilla. Ahora, con la desaparición de un elemento contradictor y que se llevaba una significativa parte de utilidades monetarias controlando la materia prima y vendiendo seguridad, se da incluso una proliferación de laboratorios al otro lado del río Mataje, donde laboran grupos de población juvenil de San Lorenzo que ganan el doble del SBU ecuatoriano. Lógicamente el descenso significativo del enfrentamiento militar ha hecho que se produzca más cocaína, como lo testimonia la elevada cantidad de alijos capturados, casi todas las semanas, por la Policía Nacional. Es en este contexto donde se produce el atentado del coche bomba en San Lorenzo y tres ataques a patrullas de la Fuerza Pública, que el Estado ecuatoriano no puede aceptar y debe reprimir militar y legalmente. Desde el inicio plantear el principio de que nadie puede estar por encima del Estado ni contra la ley, aunque sepamos que en el larguísimo plazo es una “guerra perdida”, que hay que resolverla por otros medios.

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