Frenar los abusos del prepago

Controlar tarifas e imponer sanciones. Esas son algunas de las disposiciones previstas para las empresas de medicina prepagada en el informe del proyecto de ley que regulará a las compañías de servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros de asistencia médica. Está listo para el primer debate después de pasar tres años en el armario. Esta propuesta nació de la parlamentaria oficialista Pamela Falconí, quien no integra la Comisión de Derechos de la Salud de la Asamblea, encargada del tema. “Este proyecto frenará los abusos que cometen estas empresas. El objetivo es garantizar los derechos de los afiliados, eso está en la Constitución”, detalló a EXPRESO. Mercedes González, de 68 años, está afiliada a un seguro de medicina prepagada y cancela 43,70 dólares cada mes. Cuando cumpla 70 años, lo perderá porque no aceptan a personas de esa edad. Esa es su pesadilla y mayor preocupación. Ella llevó su caso a la Asamblea. “Soy una jubilada y, por mi edad, necesito el seguro de salud. No me parece justo que nos saquen después de tantos años de aportación”, se quejó. Este es uno de los ejemplos de lo que ocurre en el mundo de la medicina prepagada. Ahora las empresas (ver gráfico) consideran como doble “siniestralidad” a las personas de la tercera edad, a los enfermos de sida y a los discapacitados. El proyecto, de nombre interminable, intenta poner fin a la modificación de los contratos, el incumplimiento de los servicios prometidos o la imposibilidad de usar servicios hospitalarios fuera de las redes de cobertura de esas empresas, aunque sea una emergencia, señala el informe de la mesa. Los usuarios, además, denuncian que esas compañías aumentan las cuotas mensuales del servicio sin hablar con ellos o que cierren de manera unilateral los contratos. Para el legislador de la oposición Bayron Pacheco (Avanza), este problema existe hace años. “Para la comisión, presidida por PAIS, hubo otras prioridades. Esto es importante para el país, muchas empresas que ofertan estos servicios y seguros médicos se han convertido en negocios lucrativos”, subrayó a este Diario. También incorpora la tarifa cero, que es obligatoria: los ciudadanos “recibirán atención primaria de salud”, es decir no pagarán nada adicional por la prevención de salud como vacunas y chequeos, explicó Falconí. Los galenos confirman la necesidad de un marco legal que defienda a los pacientes y también a ese gremio. El vicepresidente de la Federación de Médicos del Ecuador, Víctor Álvarez, sostuvo que hay abusos en los sistemas de medicina prepagado, “no solo para clientes, sino para los médicos que reciben honorarios irrisorios por sus servicios”.