El gobierno de Guillermo Lasso inicia el 2023 con el reto de captar la mayor intención del voto en las preguntas de la consulta popular. Sus sondeos los tienen tranquilos, dice el ministro Jiménez, quien analiza la coyuntura electoral y el desafío de debilitar al crimen organizado en la mitad del mandato que le resta al oficialismo.

El ministro Francisco Jiménez llega a las instalaciones de DIARIO EXPRESO, en Guayaquil, vistiendo un saco y zapatos deportivos blancos. El diálogo inicia pasadas las 07:00 del lunes 9 de enero con un vistazo al lanzamiento del libro sobre sus memorias en la política.

¿En qué momento escribió el libro de 360 páginas? Lo pregunto por sus ocupaciones.

Lo escribí, sobre todo, en la pandemia. Aproveché ese tiempo para pensar en las experiencias sobre la ciudad. Creo que todos los políticos tenemos la obligación de dar cuentas y dejar un recuento de las experiencias y cómo estas pueden contribuir para mejorar a la sociedad.

Ahí se recoge parte de su proyecto como candidato a alcalde de Guayaquil en 2019. En el texto se dice que el Municipio dejó de evolucionar...

Desde 1992 no se han actualizado los límites de la ciudad. Cómo puede ser eso con un aumento de la población. Así es muy fácil decir que se le ha dado alcantarillado a todos.

¿Cree que la administración de la urbe porteña mejorará tomando en cuenta las propuestas de los actuales candidatos? Una candidata lanzó no precisamente un libro.

No estoy tomando posición por ninguno. Mi observación está en los conceptos. Cada quien ve cómo hace para hacerse popular frente al electorado, pero cada candidato tiene que ver qué propone. Ninguna campaña debe resumirse en la entrega de pollos y panes. Eso es un acto de irresponsabilidad.

Y, ¿cómo va la intención del voto sobre las preguntas de la consulta popular que impulsa el Gobierno?

La más alta, que es la pregunta 7 sobre las fuentes de agua, pues está con el 82 %, en la última encuesta. La más baja, que es la que tiene que ver con las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, anda por el 65 %. Todas superan el 58 %.

¿Están tranquilos?

Estamos tranquilos, pero no confiados. Creo que tiene que haber un esfuerzo por parte del Gobierno de difusión de las preguntas, no proselitismo que es distinto, para que la ciudadanía pueda decidir.

La extradición para ecuatorianos, ¿qué porcentaje tiene? Expertos creen que servirá, pero como parte de un plan integral de prevención y combate al crimen organizado...

Tiene un 68 %. No es una pregunta huérfana, porque se complementa con el fortalecimiento de la Fiscalía, con el nuevo rol que le queremos dar a las Fuerzas Armadas que se va a plantear después de unos meses en la reforma tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC).

Mientras tanto, ¿qué pasa con la falta de equipos, armas y transportes policiales?

Hasta ahora tenemos $ 358 millones. La idea es llegar a $ 1.200 millones (en 4 años).

En las encuestas de carne y hueso y en redes sociales, se siente una polarización del apoyo a la consulta popular, sobre todo en el tema de la extradición. ¿Hay dinero del ‘narco’ en ciertos sectores que se oponen a esa figura legal?

Es una posibilidad. Si se van a tomar decisiones que van a perjudicar al crimen organizado, pues es probable que quienes forman parte de ese entramado estén desinteresados de que la consulta se apruebe. El pueblo es sabio, salvo unos pocos ecuatorianos.

El presidente Lasso también ha hablado de narcocandidatos. ¿Qué ha pasado con eso?

Ya se están llevando las investigaciones.

¿Son contundentes?

Hay pruebas importantes, pero se tiene que determinar la investigación y establecer con claridad quién, cómo, dónde, cuánto dinero y nexos.

El país se merece un baño de verdad...

Sí, anclado en la verdad, en la responsabilidad y en la seriedad de las investigaciones.

Con la consulta popular, el régimen también ha dicho que busca mejorar la institucionalidad del país. ¿Qué garantiza que los problemas no se trasladen a la Asamblea en el tema de designación de autoridades, por ejemplo?

El sistema actual es oscuro. Hay cuestiones amañadas. Con la consulta estamos proponiendo la apertura para que cualquiera se pueda inscribir. Va a haber veeduría de las universidades públicas y privadas, gremios, por ejemplo.

Más allá de ese cambio, igual seguirá siendo un problema la falta de representatividad en la Asamblea Nacional y en los municipios.

Nosotros creemos que cualquier actividad gubernamental debería extenderse, al menos, por cuatro años más, como lo establece la Constitución.