Llegaron casi todos. Faltaba la figura del alcalde encargado de Guayaquil, Josué Sánchez, en la sala de audiencias de la Unidad Judicial Sur (Valdivia), en Guayaquil, donde se analizaría la acción de protección en contra del Cabildo en el caso Fotorradares.

En primera fila estaba el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento; el líder barrial Napoleón Gómez, junto con su abogado; y funcionarios del Municipio de Guayaquil, en frente del juez Mario Tenemaza Herrera, la mañana de este jueves 9 de febrero.

Muchos se quedaron afuera porque aparentemente no había espacio. En la explanada de esa unidad judicial había transportistas que se movían de puesto, según la posición del sol y el pasar de las nubes.

“Queremos que se solucione este problema (multas con fotorradares que han registrado fallas)”, dijo el dueño de un bus de la transportación urbana.

Los servidores municipales llegaron cargados con un bulto de carpetas, como parte de su respuesta, aunque para los accionantes la resolución judicial era previsible, ya que el 2 de febrero fueron notificados sobre la decisión del magistrado de negar las medidas cautelares que pedían hasta que se resolviera la acción de protección.

Ellos solicitaron que se suspendiera la operación de los fotorradares hasta que se analice la validez legal del funcionamiento de esos dispositivos.

“Por no llegar a la convicción por el relato de demanda de que exista un peligro grave o riesgo eminente para los accionantes y que la demora pueda perjudicarlos”, se lee en el oficio del juzgado a cargo del trámite.

Pasadas las 13:00 terminó la audiencia. Las partes salieron de la sala, los servidores del Cabildo no se pronunciaron, y el juez ingresó por el pasillo exclusivo para los magistrados.

El transportista y el dirigente barrial bajaron con evidente molestia porque, aseguró, motivaron la afectación ante el juez.

“Se han vulnerado los derechos de los guayaquileños. No puede ser que el fotorradar esté funcionando de forma defectuosa”, comentó Gómez y aclaró que no busca que se libere el control de la velocidad en la ciudad, sino que se lo haga de forma correcta, sin afectar al bolsillo de ciudadanos.

Christian Sarmiento, de la transportación urbana, dijo que las autoridades de control y la Justicia le han dado la espalda a los ciudadanos que han sido perjudicados por lecturas erróneas de velocidad, a la ciudadanía en general: “Nosotros estamos sacando la cara por los taxis, los transportes escolares, de carga y los señores que se transportan particularmente”.

Ellos indicaron que apelarán la decisión del jueves apenas sean notificados.

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INVESTIGACIÓN DE EXPRESO, ORIGEN DE ACCIONES

La publicación con profundidad que realizó Diario EXPRESO en diciembre pasado sobre las quejas ciudadanas que apuntan a los fotorradares que adquirió la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil al proveedor Alcolisti S. A., las inconsistencias en procesos contractuales, normativas laxas que ha admitido la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), ha motivado investigaciones oficiales en diferentes ámbitos. 

Sin embargo, la ciudadanía aún no recibe una respuesta contundente de las autoridades centrales y seccionales, ante los evidentes perjuicios económicos que han denunciado conductores. 

La ANT ofreció una auditoría, pero se desconoce algún avance, al menos general. De igual manera, la Defensoría del Pueblo aseguró en ese entonces que abrió dos investigaciones sobre el tema. Mientras que en la Asamblea parece que el tema se enfrió.