La decisión no alegra a la Fiscalía General del Estado. La orden de revocar la prisión preventiva de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y su colaborador cercano, Christian González, preocupa al organismo estatal, el cual considera que no se respetó la ley. La Fiscalía incluso anunció que estudia acciones por presunto prevaricato. Es decir, que las autoridades judiciales incumplieron la normativa pese a que conocían las medidas correctas. 

La jueza Patlova Guerra tomó la decisión de liberar a los tres simpatizantes del expresidente Rafael Correa y dictó medidas de presentación constante ante las autoridades. Los tres son investigados por supuesto delito de rebelión, durante las protestas y manifestaciones violentas de octubre.

Horas antes de esa decisión, que se tomó pasadas las 21:00 del 24 de diciembre de 2019, la Fiscalía solicitó la reformulación de cargos contra los tres detenidos por 71 días. Se mantenía la rebelión, pero se aclaraba que no hubo implicación de armas de fuego.

Esa audiencia contó con todo. Protestas de algunos simpatizantes de Pabón en los exteriores, demoras en el inicio y hasta una amenaza de bomba que retrasó todos los planes. Personal especializado del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) inspeccionó los pisos del Complejo Judicial Norte, en Quito, pero no encontró ningún explosivo. La amenaza sirvió únicamente para retrasar la jornada de Nochebuena.

Pasadas las 21:00, y con la decisión oficial, Pabón salió solo para agradecer a sus seguidores, quienes continuaban afuera de la sala judicial. No fue liberada en ese momento. Los trámites burocráticos permitieron su salida hoy, en horas de la mañana.

Esa salida, sin embargo, sigue en la mira de Fiscalía.