Desde este lunes y hasta la siguiente semana ocho personas deberán rendir versión sin juramento en la Fiscalía que investiga posibles irregularidades en el caso de bienes improductivos comprados con aparente sobreprecio en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Los directivos del seguro policial han presentado al menos cinco denuncias por posibles anomalías en inversiones, compra de bienes y otros temas. En el caso de los bienes improductivos el primero en llegar a la Fiscalía este lunes 18 de enero de 2021 fue el general retirado Jorge Villarroel, exdirector del isspol. Durante su administración el oficial en servicio pasivo fue el encargado de pedir que se investiguen las presuntas irregularidades y se determine a sus autores.

Villarroel señaló que se trata de tres bienes: Mapreco y Ambiensa en Guayas y un predio denominado Anchamaza, localizado en el sector de Uyumbicho, en la provincia de Pichincha. La presunción es que los predios fueron adquiridos con sobreprecio (al menos tres a uno) porque existiría un avalúo catastral y un precio de compra, explicó el exdirector.

"Los que realizaron la inspección, los técnicos, el asesor legal, encuentran que existen algunas irregularidades y el Consejo Directivo lo que ha hecho, en conocimiento de esas irregularidades, es disponer que se denuncie a la Fiscalía", indicó.

En el proceso de adquisición intervinieron algunas instancias internas del Isspol. Por eso han sido llamados exfuncionarios de la Comisión de Inversiones, de la Dirección de Riesgos, la Dirección Económica Financiera, entre otras.

En la gestión del exdirector del Isspol Enrique Espinosa de los Monteros se habrían efectuado esas compras entre 2012 y 2015. El exfuncionario fue llamado a dar su versión a las 14:00 de este lunes 18.

Paúl Ocaña defiende a Espinosa de los Monteros. Indicó que se demostrará que no existen los presuntos sobreprecios de los que se habla en las denuncias. Señaló que su defendido ha insistido en ese tema y que además menciona "que no estaba dentro de las atribuciones de él las inversiones sino que hay un Consejo que es el que decide y él como representante legal, hace funciones de secretario".

Para Ocaña no hay peculado porque no son dineros públicos, lo habrían certificado la Procuraduría y la Contraloría, y la otra razón es que "para adquirir los terrenos se hacen avalúos calificados por las superintendencias de Bancos y Compañías y ellos dan los valores reales, lo que están indicando es el costo del Municipio y ese tiene mucha diferencia con el valor comercial".

Finalmente reiteró que no existiría perjuicio porque los bienes son parte del Isspol y ellos quieren construir viviendas ahí. 

Además de este caso en la Fiscalía se investigan las posibles inversiones de riesgo que habrían efectuado las últimas administraciones del seguro policial y que se acercarían a los 800 millones de dólares.