La Fiscalia se queda atras con los abusos a escolares
Comisión. En julio de 2017, la Asamblea conformó la comisión ocasional Aampetra. El nombre se relaciona a los 41 casos reportados en ese colegio.
Las acciones contra los abusos sexuales a menores de edad tienen el freno presionado en algunas instituciones públicas. Luego del informe presentado por la Comisión Ocasional Aampetra, de la Asamblea Nacional, sobre los abusos en escuelas y colegios, la pelota pasó a la cancha de los entes de control. La Fiscalía General, sin embargo, no genera resultados.
El 21 de marzo, la Comisión legislativa envió el informe -que establecía responsabilidades políticas- a la Contraloría, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía para conocer las acciones futuras que establezcan otro tipo de responsabilidades. En el mismo texto se estableció un plazo de 30 días (21 de abril) para dicha respuesta.
EXPRESO accedió a los pedidos, respuestas y documentos que cruzaron las entidades con la Asamblea. La Fiscalía respondió que, debido a los constantes cambios de autoridades, no han enviado todavía su información al Legislativo. Es decir, la salida de Carlos Baca Mancheno y Gen Rhea ocasionó, según explicaron en la institución, que no se comuniquen las acciones que desarrollarán ante los abusos sexuales en unidades educativas.
Las otras consultadas respondieron con ciertas particularidades. Solo la Contraloría entregó la respuesta en el plazo fijado. Pablo Celi, contralor subrogante, envió una carta a Silvia Salgado, presidenta de la comisión ocasional, explicando que iniciará un examen especial a los recursos que utilizó el Ministerio de Educación, entre 2013 y 2017, para programas y campañas relacionadas a la violencia sexual contra menores.
Augusto Espinosa, actual asambleísta del autodenominado movimiento Alfarista, fue ministro de Educación en parte de ese periodo. Él dijo a este Diario que es obligación de la Contraloría auditar. “Significa que se trabajó sobre el tema”.
También explicó que los procesos de selección de personal que llevó adelante fueron los más completos que se han hecho en el Ecuador. “Nunca hubo procesos de esa dimensión”.
Héctor Muñoz, asambleísta de CREO e integrante de la mesa de la Asamblea, tuvo la iniciativa de enviar los informes a las entidades estatales para no dejar que el tema quede en el olvido. Hasta la fecha, sin embargo, no ha sido notificado de la respuesta de Contraloría. Él cuestiona que Salgado no socialice las respuestas.
La Judicatura también dio su respuesta, seis días después del plazo, y agregó un detalle de jueces y especialistas a cargo de este tipo de delitos. Además, se comprometió a capacitar a su personal sobre la problemática.
Las acciones
Asamblea: En el Legislativo se aprobó, en marzo, un informe que establece responsabilidades en las autoridades del Ministerio de Educación y de las unidades educativas con casos reportados. Se investigaron colegios fiscales y particulares.
Contraloría: Dentro de sus competencias, la Contraloría General iniciará exámenes especiales para determinar responsabilidades civiles o penales, de ser el caso, el primer paso será revisar el uso de recursos que debían ir a campañas contra el abuso sexual.
Judicatura: La Judicatura establecerá unidades judiciales especializadas en “el ámbito de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes”. La misma unidad capacitará al personal del Consejo para tratar el tema.
