La fiscal Diana Salazar en más de casi tres horas presentó la formulación de cargos para 37 sospechosos del presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro en el que están procesados el exvicepresidente Lenín Moreno y sus familiares cercanos, entre otros. 

Con 225 elementos de convicción evidenció el cometimiento del presunto delito. Para ella, esas evidencias dan cuenta de la recepción de sobornos de la contratista de Coca Codo y el reparto a todos los procesados. 

Por eso, inicialmente pidió la prisión preventiva para todos los procesados en el caso Sinohydro. La finalidad es asegurar la comparecencia en el proceso. Adjuntó los movimientos migratorios que evidenciarían la potencial intención de evadir la justicia. Dijo que el peligro de fuga se cristaliza y la prisión es necesaria. Dijo que al menos diez ya no viven en el país, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hijas.

Sin embargo, luego de ese pedido y de las explicaciones la funcionaria solicitó que para 14 de ellos, personas que tienen más de 65 años, se les dicte arresto domiciliario pero que lo cumplan en el país. Pidió la retención de cuentas en el país y en el exterior.

Durante casi tres horas reveló las cantidades que habrían recibido los sospechosos, entre ellos Moreno y su entorno. Según ella, al menos 220 mil dólares habrían recibido Lenin Moreno y su esposa Rocío González. Atribuyó 350 mil dólares a Edwin Moreno, 50 mil dólares una de sus hijas, 10.000 le adjudicó a Guillermo Moreno y 25.000 habrían recibido las cuñadas del mandatario. 

A Conto Patiño lo señaló por la recepción de alrededor de 44 millones de dólares de los 76 que dice que se entregaron en este caso como sobornos por el caso Coca Codo Sinclair. Sobre la queja de la empresa Sinohydro por la posible afectación a la honra la fiscal dijo que no se vengan a hacer los ofendidos de la empresa cohechadora. 

Finalizó que todos los procesados han recibido cuantiosas cantidades por transferencias, cobros en cuentas en paraísos fiscales. Antes de dar paso a la exposición de los procesados el juez Adrián Rojas dispuso un receso. Luego de escuchar a los defensores pronunciarse sobre los cargos y las medidas cautelares que pidió la fiscal, al juez le corresponderá decidir si acoge o no la solicitud de dictar prisión y arresto domiciliario.