La Fiscalía tiene un segundo intento para lograr que Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo sean llamados a juicio por supuesta delincuencia organizada.

Para el viernes, sábado y domingo está previsto que la jueza María Elena Lara Torres, de la Unidad Judicial Penal de Quito, realice la audiencia preparatoria de juicio de este caso, que comenzó con un allanamiento a la vivienda de la familia Bucaram, en donde se encontraron 2.000 pruebas rápidas para COVID-19 y 5.000 mascarillas.

Para esta diligencia, la autoridad advirtió que no aceptará más dilaciones, pues desde junio pasado, cuando asumió el expediente, no ha podido realizar esta audiencia tras ser recusada por los procesados.

En el primer intento de la Fiscalía, el caso estuvo en manos de la jueza Verónica Medina, actualmente separada de la causa. El 21 de junio declaró la nulidad de lo actuado en la etapa de instrucción fiscal. Es decir, decidió devolver el expediente a la fase cero de investigación previa, pues identificó “vulneración de los derechos” de los sospechosos.

Hoy el nombre de Medina vuelve a citarse. El martes, los jueces Walter Macías y Byron Guillén, de la Corte Nacional de Justicia, dispusieron que pida disculpas públicas y repare económicamente a Jacobo Bucaram, por no haber ordenado su libertad, ya que declaró la nulidad en el caso.

Para Macías y Guillén, el no haber tramitado inmediatamente la boleta de excarcelación hizo que el Estado incurra en “privación de la libertad ilegal y arbitraria” del hijo del expresidente. Esta detención ilegal, según los magistrados, se dio del 25 de junio al 27 de julio de este año.

Así consta en la resolución firmada por los jueces nacionales, con la que también conceden el habeas corpus a favor de Bucaram.

Tras conocer este fallo, el expresidente Bucaram usó su red social Twitter para referirse al caso. “Podrán difamar, podrán injuriarnos, podrán cobardes que viven del Estado y de las mafias apresarnos, pero que a nadie le quede la menor duda de que los ‘auténticos’ Bucaram no nos doblegamos y somos guerreros hasta el final. Lucharé con mi vida por el honor de mis hijos y apellido”.

Desde hace un año y medio, la Fiscalía investiga a la familia Bucaram y a una supuesta red de corrupción. Sin embargo, la resolución de esta causa por delincuencia organizada se ha dilatado por demandas interpuestas y también por malos comportamientos.

Tras la nulidad del caso, la Fiscalía apeló y la Corte Provincial de Pichincha le dio la razón y validó el proceso que se analizará mañana.

Sin embargo, en esta audiencia se dieron incidentes, como el hecho de que los abogados Christian Romero, Kléber Riofrío y Francisco Onofa se desconectaron de la diligencia, con el argumento de que ejercían su derecho a la resistencia. Ellos fueron sancionados con una multa de dos salarios básicos.

Mañana, antes de que se instale la diligencia, la jueza Lara Torres también debe conocer si hay más pedidos pendientes.

Uno de los procesados en este caso, Johnny Samuel Solís Tenorio, agente de tránsito sentenciado a cinco años de cárcel a través de procedimiento abreviado, solicitó una apelación a la sentencia. Pero antes de que este recurso sea resuelto, cambió de abogados. En una de las últimas providencias, la jueza Lara Torres le pide que aclara si todavía impulsa o no este pedido.

EL DETALLE 

Casos. La familia Bucaram ha sido involucrada en varios casos derivados de compra y venta de insumos durante la pandemia de COVID-19.