La entidad informó que abrió 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales por diversos delitos; la mayoría, por paralización de servicio público.

Otras investigaciones apuntan a delitos más graves como terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, secuestro, rebelión, grupos subversivos y delincuencia organizada.

Este último caso es por las amenazas que recibieron al menos una decena de asambleístas para que voten a favor de la destitución de Lasso, en la sesión plenaria del martes 28 de junio de 2022. Las amenazas incluían la presión con grupos indígenas, quienes rodeaban las casas de los legisladores. 

En ciudades de la Sierra como Quito, Cuenca, Otavalo y Machachi, las personas a través de sus teléfonos han evidenciado delitos como camiones cargados de manifestantes que siembran el terror. En los cajones de madera o zona de carga descienden decenas de personas que con lanzas, fierros o cuchillos se dedican a agredir a la gente, robarle la mercancía y pincharles las llantas de sus autos.

En Quito, se vio en video cómo un taxista es agredido por motociclistas quienes rocían gasolina a su capó y lo encienden. En San Antonio de Pichincha, un motociclista fue herido con un alambre cuando trató de cruzar una barricada. 

Los delitos que también se investigan son las muertes violentas de cinco personas en el contexto del paro. Una de estas es Johnny Félix Muenala, quien cayó en una quebrada en Guayllabamba. Byron Guatatoca, quien habría recibido un disparo de una bomba lacrimógena a poca distancia, en Puyo. La Policía dice que su muerte fue por el mal manejo de explosivos. Henry Quezada murió por un trauma penetrante en el tórax y abdomen causado por perdigones. Franco Eduardo Íñiguez Camacho falleció en las protestas en San Antonio de Pichincha. El sargento José Chimarro murió por heridas de perdigones en Shushufindi.